La Universidad Cooperativa de Colombia invirtió más de $21 mil millones en becas, bonos y descuentos para garantizar la permanencia de sus estudiantes durante 2024, según reveló María Consuelo Moreno, vicerrectora general de la institución, durante la rendición de cuentas del campus Montería.
“Estos recursos que la Universidad deja de percibir se entregan directamente a la comunidad. Permitimos que estudiantes que perdieron el empleo o cuyos padres quedaron sin trabajo pudieran continuar su formación profesional”, explicó Moreno ante periodistas locales.
La política de permanencia estudiantil de la UCC abarca tres dimensiones fundamentales: psicosocial, económica y académica. La institución mantuvo los incrementos de matrícula por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), facilitando que los 38 mil estudiantes matriculados continuaran sus estudios.
Como entidad sin ánimo de lucro, la universidad desarrolló alternativas financieras ante las dificultades del ICETEX. La alianza con la cooperativa Coopfuturo permite ofrecer créditos educativos con tasas inferiores al mercado tradicional y requisitos flexibles.
“El interés de nuestra asamblea y del presidente del Consejo Superior es que los estudiantes culminen sus carreras. Algunos estudian por semestres, se retiran temporalmente para trabajar y regresan, o toman menos créditos. Lo importante es que continúen”, detalló la vicerrectora.
El campus Montería aportó $770 millones específicamente en beneficios económicos para su población estudiantil, confirmó Jorge Wilson Vélez Osorio, director del campus. Los resultados evidencian el crecimiento institucional y la efectividad de las estrategias de acompañamiento.
El sistema de alertas tempranas identifica estudiantes con dificultades académicas, activando programas de monitorías, tutorías y apoyo psicosocial. El área de bienestar universitario ejecuta proyectos específicos para salud mental, atendiendo casos de depresión y situaciones emocionales complejas.
La Universidad Cooperativa reinvierte el 100% de los ingresos por matrículas en infraestructura, tecnología y mejoramiento de condiciones laborales. Esta política responde al desafío financiero que enfrentan las universidades privadas colombianas, mientras garantiza educación de calidad en todas las regiones del país.
