El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil adoptar las medidas administrativas, logísticas y operativas necesarias para garantizar el derecho al voto de las personas sindicadas recluidas en centros de detención transitoria de Neiva, Huila, y Yopal, Casanare, de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.
La decisión revocó un fallo de primera instancia y respaldó la acción de tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra la Registraduría, al concluir que las barreras administrativas y logísticas no pueden convertirse en un obstáculo para la participación política de ciudadanos que, al no tener condena en firme, conservan plenamente sus derechos políticos.
Durante el proceso quedó establecido que en Neiva había al menos 318 personas sindicadas en riesgo de quedar excluidas de los comicios, mientras que en Yopal decenas de detenidos habían manifestado su intención de votar. La Registraduría argumentó dificultades técnicas y normativas para habilitar puestos de votación en estos centros, señalando que los CDT no hacen parte de la División Política Electoral ni tienen categoría formal de establecimientos penitenciarios.
El Tribunal no aceptó ese argumento. La Defensoría sostuvo, y el fallo lo ratificó, que las cargas administrativas entre entidades no pueden trasladarse a la población sindicada ni restringir desproporcionadamente su derecho al sufragio, reconocido por la Corte Constitucional como de aplicación inmediata.
La problemática trasciende a Neiva y Yopal: según cifras aportadas al proceso, más de 17.000 personas sin condena permanecen recluidas en estaciones de Policía y unidades de reacción inmediata en todo el país, enfrentando el mismo riesgo de exclusión electoral. La Defensoría anunció que hará seguimiento al cumplimiento de las órdenes judiciales.
