El Tribunal Superior de Medellín emitió sentencia absolutoria para Santiago Uribe Vélez, descartando su responsabilidad en la creación y dirección del grupo paramilitar conocido como ‘Los Doce Apóstoles’, decisión que llega tras un proceso judicial de casi cuatro años.
Esta resolución judicial se produce en paralelo a la divulgación de un nuevo informe del Grupo de Análisis de la Información (Grai) de la JEP, que documenta la estructura y operación de esta organización armada ilegal que actuó en el norte de Antioquia durante los años noventa.
La investigación del Grai, fundamentada en archivos judiciales, testimonios de víctimas y documentación histórica, expone que las operaciones del grupo se coordinaban desde dos centros principales: una hacienda propiedad de Uribe y otro predio vinculado a Francisco Javier Piedrahita Sánchez.
El documento revela que la organización, que en sus inicios se identificó como ‘Autodefensas del Norte Lechero’, recibió financiamiento del sector comercial de Yarumal. Sus acciones resultaron en 404 víctimas distribuidas en tres municipios: Yarumal (181), Valdivia (134) y Santa Rosa de Osos (89).
El director del Grai expuso que las reuniones estratégicas incluían la participación de autoridades policiales locales y religiosas, donde se definían objetivos y se planeaban las operaciones en la región.
La defensa jurídica, encabezada por Jaime Granados, refutó la validez del informe señalando inconsistencias en las declaraciones recogidas. El estudio de la JEP señala que la agrupación ejerció control territorial bajo el pretexto de combatir la insurgencia.
