La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) negó hoy las acusaciones sobre presunto incumplimiento de sus obligaciones en La Mojana, asegurando que todas las responsabilidades asignadas en la medida cautelar fueron completamente satisfechas.
Según el comunicado oficial, la UNGRD no ha recibido notificación formal sobre la sanción impuesta por un presunto desacato. El auto interlocutorio establece multas de dos salarios mínimos al director de la entidad y a otras instituciones como FIDUPREVISORA, tres gobernaciones y once alcaldías.
“Las acciones encomendadas a la UNGRD, como la realización de mesas de trabajo y la entrega de ayuda humanitaria de emergencia, fueron cumplidas en su totalidad”, afirmó la entidad en el documento publicado. La UNGRD aclaró que las responsabilidades mencionadas en el auto, como la elaboración del censo de damnificados y las obras de dragado, no están dentro de sus competencias.
Según la entidad, desde noviembre de 2024, trabaja en el cumplimiento de compromisos adquiridos con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Esto incluye la distribución de alimentos, kits de aseo y elementos básicos para los afectados, además de reuniones constantes con comunidades y autoridades locales.
En el ámbito de infraestructura, la UNGRD aseguró que adjudicó la ampliación del canal de La Esperanza en Caregato por $17.000 millones. El proyecto utiliza 30 máquinas y acumula más de 25.000 horas de trabajo para reducir la presión sobre el dique y prevenir nuevos desbordamientos.
La entidad también avanza en la estructuración de una obra permanente para el cierre definitivo de Caregato. En colaboración con el Fondo Adaptación, ejecuta un plan integral de $170.000 millones destinados a mitigar inundaciones, rehabilitar ecosistemas y fortalecer la seguridad alimentaria en La Mojana.
Entre los proyectos destacados figura la construcción de cinco kilómetros de protección en San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar), con inversión superior a $89.000 millones. Adicionalmente, se rehabilitan 400 hectáreas de tierras, beneficiando aproximadamente a 5.000 personas en Antioquia, Sucre, Bolívar y Córdoba.
Finalmente, la UNGRD revela que destinó más de $40.000 millones al fortalecimiento de la cadena productiva del arroz y a identificar nuevas oportunidades económicas para la zona.
