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Tutela ordena suspender temporalmente la intervención de Manexka

Montería. Gran polémica ha causado la decisión del Tribunal de Justicia de Montería que ordenó suspender temporalmente la intervención administrativa de la cuestionada EPSI Indígena Manexka. En el fallo, la jueza cuarta municipal, María Bernarda Martínez Cruz, ordenó a la Superintendencia de Salud, suspender los...


Montería. Gran polémica ha causado la decisión del Tribunal de Justicia de Montería que ordenó suspender temporalmente la intervención administrativa de la cuestionada EPSI Indígena Manexka.

En el fallo, la jueza cuarta municipal, María Bernarda Martínez Cruz, ordenó a la Superintendencia de Salud, suspender los efectos de la resolución de intervención y volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la toma administrativa de la EPSI.

Las autoridades indígenas argumentan una violación de sus derechos constitucionales, al desconocer la Supersalud la autonomía de los pueblos indígenas y el rechazo masivo que ha causado el cierre de la EPS índigena.

“Dicha medida debe adoptarse en forma inmediata y hasta que se ejerza ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa el medio de control correspondiente contra la mencionada resolución, presentado dentro del término de caducidad”, señala un aparta del fallo.

No obstante la Supersalud desatendió el fallo judicial, argumentando que la EPS Manexka se rige por los principios de la justicia ordinaria y no por la Zenú.

Ante el desacato la jueza cuarta de Montería, María Bernarda Martínez Cruz, dio 48 horas a la Supersalud, para revocar la intervención y devolver la administración de la EPSI quienes venían gerenciándola.

En marzo pasado, la Superintendencia Nacional de Salud, mediante la Resolucion 527 de 2017, ordenó la toma de posesión inmediata y liquidación de la EPS indígena Manexka que cuenta con más de 210 mil afiliados en 18 municipios de Córdoba y Sucre.

La decisión obedeció a presuntos hallazgos obtenidos a través de una auditoría forense realizada a la EPSI, en donde se evidenció una supuesta defraudación a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud con la que se puso en riesgo a sus afiliados.



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