Tras legalizar su captura, juez suspendió audiencia del presunto homicida del Padre León

Montería. Un juez de control de garantías legalizó la captura de Deiby José Banquet Julio, sindicado de asesinar al sacerdote Luis Alfonso León Pereira, al interior de la Parroquia María Madre del Barrio Sucre de Montería. En diligencia desarrollada en el Palacio de Justicia, en el centro de la capital cordobesa, se señaló que el indiciado, no estaba en condiciones de salud para continuar con las audiencias de control de garantías, donde la Fiscalía solicitaría la imposición de medida de aseguramiento. El juez acogió la solicitud del Ministerio Publico y suspendió la audiencia para retomarla este viernes a las 11:00
9 años atrás

Montería. Un juez de control de garantías legalizó la captura de Deiby José Banquet Julio, sindicado de asesinar al sacerdote Luis Alfonso León Pereira, al interior de la Parroquia María Madre del Barrio Sucre de Montería.

En diligencia desarrollada en el Palacio de Justicia, en el centro de la capital cordobesa, se señaló que el indiciado, no estaba en condiciones de salud para continuar con las audiencias de control de garantías, donde la Fiscalía solicitaría la imposición de medida de aseguramiento.

El juez acogió la solicitud del Ministerio Publico y suspendió la audiencia para retomarla este viernes a las 11:00 de la mañana, luego de la valoración que hará Medicina Legal al indiciado.

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De acuerdo con el juez no hubo irregularidades en el procedimiento de captura de Banquet Julio, realizada por agentes de la Policía Metropolitana de Montería.

El presunto asesino estaba somnoliento y se quejaba de dolores, tras la golpiza que recibió cuando una multitud trató de lincharlo.

Las audiencias empezaron a las seis de la tarde, aunque estaban programadas para las cinco.

El Juez Segundo Municipal, Gustavo Manuel Lemus, ordenó a los periodistas y representantes de la comunidad que se retiraran del recinto, aduciendo que debía proteger la dignidad del acusado.

Ha trascendido que la Fiscalía pedirá que se le impute el delito de homicidio agravado, ya que la víctima fue servidor público y se encontraba en estado de indefensión, lo que podría representar una pena de hasta 50 años de prisión.

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