Montería. Graves denuncias por supuestas irregularidades con los dineros girados por la Nación, para el pago de acreencias laborales de varios trabajadores del sector de la educación en Montería, hizo el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Córdoba, Sintradecor en la mañana de este lunes 16 de julio.
De acuerdo con Olimpo Anaya Caraballo, miembro del sindicato y funcionario administrativo de la Secretaría de Educación Municipal, las supuestas irregularidades configurarían un presunto detrimento patrimonial superior a los $2.500 millones.
Señaló que desde el año 2014 en la Secretaria de Educación Municipal, se expidiendo actos administrativos reconociendo pagos y montos a los trabajadores por primas y pensiones, pero al final estos recibían desembolsos que no correspondían a la disponibilidad presupuestal.
“Hay una diferencia de 1.779 millones de pesos aproximadamente, y a eso se suma una gran cantidad de dinero que le pagaron a funcionarios que no tenían derecho a pensiones, por no encontrarse en carrera administrativa, ni tener calificaciones de servicios”, advirtió el denunciante.
Abogados involucrados
De igual forma, aseguran que un grupo de abogados estarían involucrados en la presunta red de irregularidades, cobrando honorarios de hasta el 90% y en algunos casos no reportando los pagos a los trabajadores.
“El liquidador le decía a la gente que si no le dan poderes al aludido abogado no les pagaban. Hay personas que hay querido revocar el poder pero la Secretaría de Educación no le reciben las revocatorias”, dijo.
Puso de manifiesto el caso de un funcionario al que le liquidaron $117 millones de pesos por concepto de prima técnica, sin embargo, nunca le entregaron el acto administrativo con el valor asignado, no obstante, pudieron obtener copia de los registros originales y encontraron que ese trabajador en realidad tenía derecho a $211 millones y $60 millones adicionales los cuales en el papel figuran como cancelados, pero jamás recibidos.
Otro de los graves casos denunciados, es el de un trabajador iletrado engañado para que con su huella dactilar firmara un documento que supuestamente le reconocería su pensión, pero lo que en realidad firmó fue una carta de renuncia a sus derechos laborales.
“Hoy este compañero está en la calle, vive de la solidaridad, pero años después hallamos los soportes donde le reconocieron $30 millones de pesos como pensión y no recibió un solo peso de ese dinero y el abogado que lo representa jamás le informó, ni da razón de esos dineros”, señaló el denunciante.
Denuncias en despacho del Fiscal General
Advierten que se puede estar frente a otro gran escándalo de corrupción en el departamento de Córdoba y dicen que hay radicados de esas denuncias en el despacho del Fiscal General de la Nación, de la Procuraduría y la Contraloría.
Advierten finalmente que aún hay funcionarios activos en la Secretaría de Educación, que estarían presuntamente te ligados a esta red de irregularidades, por lo cual exigieron su inmediata remoción.
