Ante las denuncias de la Gobernación de Córdoba, sobre las supuestas amenazas de grupos armados al operador del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, señaló que están valorando la información, y de confirmarse, pondrán en conocimiento de las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones.
Camargo enfatizó que el PAE es un plan sagrado que garantiza la alimentación de niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas, por lo que hizo un llamado al respeto por parte de los grupos ilegales frente al desarrollo regular de este programa.
La interferencia de grupos armados ilegales en el PAE no sólo afecta el derecho a la alimentación de los estudiantes, sino que también obstaculiza el normal funcionamiento de las instituciones educativas en estas zonas del país.
Esta situación se suma a las múltiples denuncias sobre la presencia y accionar de estos grupos en diferentes regiones, afectando a diversos sectores de la población y de la economía, como comerciantes y transportadores, a través de prácticas como la extorsión.