En audiencia judicial, Sandra Ortiz, quien fungió como Alta Consejera Presidencial para las Regiones, rechazó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación relacionados con tráfico de influencias y lavado de activos en el caso UNGRD. La diligencia se llevó a cabo ante la juez tercera Penal Municipal con Función de control de Garantías.
La investigación del ente acusador señala que Ortiz habría participado en el transporte de 3.000 millones de pesos destinados al entonces presidente del Senado, Iván Name. Los señalamientos se fundamentan en testimonios proporcionados por Sneyder Pinilla y Olmedo López, exdirectivos de la UNGRD, quienes identificaron a la exconsejera como participante en la operación.
Según la Fiscalía, las acciones habrían sido ejecutadas bajo instrucciones de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre. El organismo investigador afirma haber corroborado las declaraciones de Pinilla y López sobre la presunta participación de Ortiz en los hechos relacionados con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.
La imputación incluye dos delitos específicos: tráfico de influencias en calidad de coautora, que contempla penas entre 64 y 144 meses de prisión, y lavado de activos como autora, con sanciones que oscilan entre 10 y 30 años de cárcel. Durante la audiencia, la juez estableció restricciones sobre la enajenación de bienes de la procesada durante los próximos seis meses.
El Ministerio Público sostiene que la investigada conocía su participación en conjunto con González para influir en López, buscando obtener recursos de la contratación de la UNGRD, originalmente destinados a población vulnerable afectada por calamidades públicas. Name, quien también está vinculado al proceso, ha manifestado su inocencia ante las acusaciones. Asimismo, el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, ha sido relacionado en el entramado de corrupción.
