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Revocatoria San Pelayo: Cuatro devoluciones del reporte de gastos, atrasaron proceso

El CNE hizo varias observaciones al reporte de gastos del Comité Promotor y estas debieron ser corregidas, atrasando el proceso, dijo el vocero.


Montería. El Consejo Nacional Electoral se tomó más de siete meses para dar el visto bueno de los estados contables del comité promotor de la revocatoria del mandato de la alcaldesa de San Pelayo, María Alejandra Forero Pareja, trámite que debió ser resuelto dentro de los 45 días posteriores a la entrega de las firmas en Registraduría.

» Contexto: Avalan consulta de revocatoria del mandato de la alcaldesa de San Pelayo

De acuerdo con la normatividad vigente, tras radicar las firmas el 22 de agosto de 2017, el comité promotor tenía 15 días hábiles para enviar el reporte de topes de gastos, trámite que realizaron dentro de los términos de Ley.

El Consejo Nacional Electoral debía responder durante los 45 días que tardaba la Registraduría en avalar las firmas, y notificar si el comité se ajustó a los topes de gastos, para darle continuidad al proceso.

No obstante tuvieron que pasar aproximadamente siete meses para que el organismo electoral diera el visto bueno y se pudiera avalar la convocatoria de la consulta popular donde el pueblo de San Pelayo tendrá la última palabra sobre la continuidad de la alcaldesa.

Según Carlos Andrés Galván García, Vocero y representante del comité promotor de la revocatoria, la demora en este trámite se debe a las cuatro devoluciones que según él injustificadamente que hizo el CNE del reporte de gastos del comité.

Carlos Andrés Galván García, vocero promotor y representante del Comité “Firmes y Unidos”.

Señala que los argumentos para devolverles el documento y el pedido de correcciones no eran argumentados y en la mayoría de los casos no aplicaban. Esto además de la coyuntura por las elecciones legislativas puso en vilo la continuidad del proceso de revocatoria.

De acuerdo con Galván García, tuvo hasta que acampar en la sede del CNE para lograr darle celeridad al pronunciamiento sobre el cumplimiento de los topes.

Ahora tras el aval del CNE y Registraduría solo falta que la Gobernación en un plazo no mayor a dos meses, fije fecha para votar la consulta y la Registraduría asigne el presupuesto.



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