La Procuraduría General de la Nación emitió fuertes críticas al manejo del Gobierno en la intervención de la empresa Air-e S.A.S. E.S.P., señalando la ausencia de un plan estructurado para el proceso de liquidación y administración temporal.
Según el ente de control, la falta de un cronograma claro y de un presupuesto definido genera incertidumbre sobre la continuidad del servicio y la estabilidad del sistema energético en la región.
El Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, Gustavo Guerrero, señaló que no se han presentado documentos clave que justifiquen la intervención ni se ha definido un horizonte de tiempo para el proceso.
“Es incomprensible que se ordene una intervención con fines de liquidación sin tener claro un horizonte de tiempo ni las acciones necesarias para resolver los problemas estructurales de la empresa”, afirmó Guerrero.
Además, la Procuraduría solicitó al agente interventor presentar un informe detallado sobre los fundamentos de la intervención y los recursos utilizados.
Según el ente de control, más de 107 mil millones de pesos provenientes del Fondo Empresarial han sido destinados para cubrir los pasivos y gastos de la compañía.
También se pidió información sobre el cupo del Fondo Nacional de Garantías otorgado a la empresa para cumplir con sus obligaciones con los generadores de energía.
Como medida para abordar estas preocupaciones, la Procuraduría anunció la creación de una mesa de trabajo con entidades como el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
El objetivo será definir los plazos, la financiación y el plan de acción para garantizar la continuidad del servicio en el área atendida por Air-e.