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¿Pena de muerte para corruptos?, Contralor considera que se debe abrir el debate

Maya Villazón recordó cómo en la época republicana se pagaba con la vida cuando se defraudaba el erario.

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Redacción. El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, a manera de remembranza compartió un decreto vigente en el siglo XIX el cual contemplaba la pena de muerte para aquellos funcionarios que en cargos públicos cometieran hechos de corrupción.

La particular alusión al edicto de la época republicana, se dio en medio de un conversatorio denominado ‘Ética en el ámbito público’, donde guardando recaudos, el jefe del principal órgano fiscal del país, dijo no estar de acuerdo con la pena de muerte, sin embargo, recalcó la necesidad de poner sobre el debate nacional esta posibilidad.

“Estamos a 17 meses de cumplir los 200 años de la batalla de Boyacá y la historia es la misma, y nos obliga a rememorar el decreto del 12 de enero de 1824 del Libertador Simón Bolívar, imponiéndole la pena capital a los corruptos que son los causantes de todas las tragedias que sufre nuestro país (…) Yo creo que hoy se puede revivir ese decreto a pesar de que los liberales como yo somos abiertamente enemigos de la pena capital”, señaló el Contralor.

El jefe del organismo de control, también anuncio que próximamente hará público un detallado informe, donde da cuenta de cómo se estarían utilizando los llamados cupos indicativos por parte de congresistas y varios sectores políticos, dineros que incluso serían utilizados para financiar campañas políticas.

Este es el decreto del 12 de enero de 1824 al que hizo alusión el Contralor.

“Artículo 1. Todo funcionario público a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí los fondos públicos de diez pesos arriba queda sujeto a la pena capital”.
“Artículo 2. Los jueces a quienes, según la ley, compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena”.
“Artículo 3. Todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica el artículo lº”.
“Artículo 4. Se fijará este decreto en todas las oficinas de la República, y se tomará razón de él en todos los despachos que se libren a los funcionarios que de cualquier modo intervengan en el manejo de los fondos públicos”.

Imprímase, públiquese y circúlese.
Palacio Dictatorial de Lima, a 12 de enero de 1824 – 4° de la República.

Por orden de S. E.
SIMÓN BOLÍVAR



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