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“Pedimos no revictimizar a la niña y su familia”, autoridades sobre caso de menor abusada

Montería. La Comisaria de Familia del Municipio de Canalete, Eliana Corcho Durango, aseguró que la gran cantidad de información publicada en medios de comunicación sobre el caso de la menor de 10 años de edad, abusada y embarazada en ese municipio, ha entorpecido el proceso...


Montería. La Comisaria de Familia del Municipio de Canalete, Eliana Corcho Durango, aseguró que la gran cantidad de información publicada en medios de comunicación sobre el caso de la menor de 10 años de edad, abusada y embarazada en ese municipio, ha entorpecido el proceso judicial, revictimizando a la niña y a su familia.

“Ninguna de las versiones publicadas por la prensa es oficial, el proceso se está entorpeciendo, ni la Fiscalía, ni la comisaría y mucho menos la Policía de Infancia ha entregado datos sobre las personas a las que señalan del hecho”, indicó la funcionaria.

Advirtió que tomará cartas en el asunto, pues considera que se violaron todos los protocolos de Ley, establecidos en el código de infancia con relación a los derechos de los niños y niñas víctimas y su difusión en medios masivos.

Pidió a la prensa dejar de especular al respecto, pues se está haciendo mucho daño con señalamientos que no tienen soporte investigativo.

“Al hacer hoy una visita al corregimiento constatamos que el pueblo se encuentra consternado con la noticia, no sabían quién era la víctima, pero a raíz de todas estas especulaciones ya se conoce quién es la menor y empezaron los señalamientos hacia ella y sus familiares”, detalló Corcho Durango.

La identidad de la menor se estaba reservando para no revictimizarla, fue retirada del lugar y se encuentra en este momento con doble protección, indicaron desde la Comisaría de Familia Municipal.

El Código de Infancia y Adolescencia en su artículo 47, señala que los medios de comunicación deben: “Abstenerse de entrevistar, dar el nombre, divulgar datos que identifiquen o que puedan conducir a la identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas, autores o testigos de hechos delictivos, salvo cuando sea necesario para garantizar el derecho a establecer la identidad del niño o adolescente víctima del delito, o la de su familia si esta fuere desconocida. En cualquier otra circunstancia, será necesaria la autorización de los padres o, en su defecto, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.



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