La ciudad de Montería aún no ha logrado poner en funcionamiento el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), a pesar de llevar más de una década estructurando el modelo. Según Héctor Fraser Arrieta, gerente de Metrosinú, empresa de transporte público colectivo de la ciudad, esta situación ha generado gran preocupación entre los actores involucrados.
Fraser Arrieta afirmó que Montería Amable, entidad encargada de la implementación del SETP, se encuentra replanteando lo que ya estaba concebido y que garantizaba, al menos, un servicio eficiente.
Esta falta de claridad en el rumbo del proyecto ha puesto en riesgo la calidad del servicio que se prestará a los usuarios, advierte el empresario.
Uno de los principales obstáculos que enfrenta el proyecto es la falta de contacto y comunicación con la administración municipal y la empresa que él representa, sostiene que diferencias internas entre diferentes actores están a punto de echar por la borda todo lo avanzado en los últimos años.
A pesar de que el alcalde de Montería había anunciado la incorporación de 200 vehículos eléctricos al sistema, Frasser asegura que la inversión es sumamente alta, por el orden de los 120 mil millones de pesos, y se requeriría de un monto similar para garantizar la operación del sistema a 20 años.
La preocupación de Metrosinú aumenta al conocer que la administración municipal pretende prestar el servicio con la flota actual de 160 vehículos, en lugar de los 260 que operaban antes de la pandemia. Esto, según Fraser Arrieta, resultaría en un servicio menos robusto que no podría garantizar la eficiencia que se tenía anteriormente.

Ante este panorama, el gerente de Metrosinú hace un llamado a restablecer los contactos con la administración municipal y a enfocar los esfuerzos en construir un modelo que realmente responda a las necesidades de la ciudad.
La puesta en marcha del SETP en Montería es un proyecto crucial para mejorar la movilidad y la calidad de vida de sus habitantes.
Sin embargo, los desafíos que enfrenta actualmente requieren de un trabajo conjunto y coordinado entre la administración municipal, las empresas de transporte y demás actores involucrados, con el fin de garantizar un servicio eficiente y sostenible a largo plazo.