Montería enfrenta un desafío significativo en el ámbito laboral, con un 94% de los trabajadores en microempresas unipersonales operando en la informalidad. Esta cifra coloca a Montería entre las ciudades con mayor tasa de empleo informal en Colombia, según el “Boletín 28” del Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Caribe Colombiano de la Universidad del Norte.
En comparación, otras ciudades como Riohacha y Sincelejo también presentan tasas elevadas de empleo informal en microempresas unipersonales, con un 95% y 96% respectivamente. Sin embargo, ciudades como Bogotá muestran una tasa más baja del 83%, evidenciando la disparidad regional en términos de formalización laboral.
La situación en Montería se torna compleja al analizar la informalidad en microempresas de diferentes tamaños. El boletín destaca que en microempresas con menos de cinco empleados, la informalidad alcanza el 25%. Este porcentaje disminuye levemente a 15% en empresas con 6-10 empleados y aumenta nuevamente a 19% en aquellas con 11-50 empleados.
Comparativamente, Cartagena muestra una situación más crítica en microempresas con menos de cinco empleados, con una tasa de informalidad del 47%, seguida por 28% en empresas de 6-10 empleados y 19% en las de 11-50 empleados. Riohacha presenta tasas aún más altas, con 50%, 34% y 31% respectivamente. Santa Marta, por su parte, registra 33%, 26% y 19% en estos mismos rangos.
El alto nivel de informalidad en Montería tiene múltiples implicaciones negativas para su desarrollo económico. Según el informe, “la informalidad laboral está estrechamente relacionada con problemas de baja productividad, bajos salarios, evasión fiscal y competencia desleal” (observatorio de condiciones socio económicas del caribe colombiano, Universidad del Norte). Estos factores no solo afectan a los trabajadores informales, sino que también tienen un impacto adverso en la economía local y regional.
Las cifras reflejan una necesidad urgente de políticas efectivas que promuevan la formalización laboral. En este sentido, el informe subraya la importancia de “políticas públicas que faciliten la formalización de negocios y que promuevan la creación de empleos formales”. Implementar tales políticas podría ser una solución viable para reducir la informalidad y sus efectos perjudiciales.
