El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, solicitó ser escuchado por la Fiscalía General de la Nación en relación con el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Esta petición se produce después de que su nombre fuera mencionado en las declaraciones de Olmedo López, exjefe de la UNGRD, ante la Corte Suprema de Justicia.
El equipo jurídico del ministro, encabezado por el abogado penalista Javier Torres, presentó la solicitud ante la unidad delegada de la Corte Suprema. Torres afirmó que Bonilla está dispuesto a cooperar plenamente con las investigaciones y desea que estas avancen con rapidez.
Según la defensa del ministro, no hubo irregularidades en el Ministerio de Hacienda relacionadas con los contratos en cuestión. Torres argumenta que los proyectos y la asignación presupuestaria a la UNGRD siguieron los procedimientos legales establecidos, reflejando una colaboración entre el poder legislativo y el ejecutivo, conforme a la Constitución y la ley.
La controversia gira en torno a tres contratos por un valor total de 92.000 millones de pesos, destinados a los municipios de El Carmen de Bolívar, Cotorra y Saravena. El equipo legal de Bonilla sostiene que estos proyectos respondieron a solicitudes legítimas de congresistas en representación de comunidades afectadas por el fenómeno de El Niño.
En los próximos días, la defensa del ministro planea entregar a la Fiscalía un conjunto de documentos que, según afirman, demostrarán la legalidad de las acciones del Ministerio de Hacienda en este asunto. Torres ha pedido a las autoridades que examinen detenidamente esta documentación.
