Montería. Las 13 dragas, tres excavadoras, tres motores y tres unidades de producción minera, pertenecientes al Clan del Golfo, decomisadas en un operativo contra la minería criminal en Ayapel, tienen un valor comercial de $2.500 millones, indicó la Fuerza Pública.
Esta maquinaria ahora deberá ser destruida como lo dispone el decreto 2235 de 30 de octubre del año 2012 emanado por el Ministerio de Defensa, el cual aprueba la destrucción de la maquinaria pesada y las partes usadas en actividades de exploración y explotación de minerales sin autorización exigencias previstas en la Ley.
Dicha disposición causó molestias en algunos sectores cuando fue proferida, aún hoy varias voces aseguran que la maquinaria incautada a la minería ilegal, podría emplearse en bancos de maquinarias para municipios que carecen de ellos, sin embargo, la normatividad de destrucción sigue vigente.
Pero no sólo la normativa interna prevé la destrucción de la maquinaria incautada a las mafias, Colombia también firmó la Decisión Andina el 30 de julio del 2012, que faculta a miembros de la Comunidad Andina entre ellos: Bolivia, Ecuador y Perú a decomisar, incautar, inmovilizar destruir, demoler e inutilizar, bienes de maquinaria o insumos usados en minería ilegal.
De hecho en octubre de 2017 la Procuraduría General de la Nación exhortó al Ministerio de Defensa a dar cumplimiento a esa política de lucha contra la minería criminal y destruir la maquinaria que estaban siendo incautada, para evitar que está volviera a perjudicar las fuentes hídricas del país.
El Ministerio Público advirtió que usar de forma desmedida las dragas y retroexcavadoras además de buldóceres, atenta irreparablemente contra las fuentes de agua, bosques y ríos, generando problemas de salud pública e intoxicación en las poblaciones influenciadas por el desarrollo de actividades mineras ilícitas.