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Denuncian que Bacrim estaría desplazando a familias en el Alto San Jorge

Montería. Álvaro Gabriel Choperena López, es un campesino del sur de Córdoba, al que los violentos  han desplazado dos veces de su parcela ubicada en el Corregimiento Río Verde, en zona rural de Puerto Libertador. Según él, “los bandidos se la montaron”, desde el 2005 cuando lo...


Montería. Álvaro Gabriel Choperena López, es un campesino del sur de Córdoba, al que los violentos  han desplazado dos veces de su parcela ubicada en el Corregimiento Río Verde, en zona rural de Puerto Libertador.

Según él, “los bandidos se la montaron, desde el 2005 cuando lo obligaron a abandonar su finca, y no contentos con eso, lo volvieron a desplazar de un predio que adquirió recientemente.

“Fueron los mismos bandidos que me persiguen, hay una complicidad desde Ayapel, y Puerto libertador de los comandos de la Bacrines, todos los días me llaman al celular, pero yo no cambio la tarjeta Sim, porque no les tengo miedo”, sostuvo el campesino.

Indicó que ya realizó la solicitó de reclamación ante la Unidad de Restitución de Tierras, para que le devuelvan las 91 hectáreas, que desde siempre le pertenecieron a su familia.

Tierras apetecidas por los violentos

Esta zona del Alto San Jorge, estuvo dominada por mucho tiempo bajo el accionar delictivo de alias Don Mario, sin embargo su dominio a finales de 2008 no era tan férreo como en el Alto Sinú, señala el Documento Dinámica de la Violencia en Córdoba.

Luego del proceso de desmovilización de las autodefensas, estos territorios fueron ocupados por grupos de banda criminales entre ellos Los Paisas, que llegaron a controlar un corredor que cubría Planeta Rica, San Francisco del Rayo, Puerto Anchica, Puerto López y Tierradentro, del municipio de Montelíbano, y La Rica, Juan José, San Juan y Río Verde.

Las tierras de esta zona son apetecidas por los grupos armados ilegales, pues en esas poblaciones hay corredores que conectan a los valles del San Jorge y del Sinú, y adicionalmente se comunica también con el municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca, antioqueño.

Pero las bandas criminales, no son las únicas que han desplazado, en esta zona hay registros de que las Farc también ocasionaron los desplazamientos de 163 familias de las veredas Tres Palitos, Mina Rá, La Jagua, La Danta y Río Verde, ocurrido entre los días 19 y 23 de febrero de 2008.

Restitución está en el Limbo

Óscar Emilio Zuluaga, Representante de la población víctima del despojo, denunció que los procesos de restitución de Tierras en los municipios de Ayapel, Puerto Libertador y Montelíbano, no avanzan pues están sin focalización.

“Las personas se están desplazando nuevamente porque no hay garantías de seguridad, los funcionarios no prestan atención por eso, solicitamos que venga veedores internacionales, pues no está siendo cumplida la ley de tierras”.

Óscar Emilio Zuluaga, Representante de la población víctima del despojo.
Óscar Emilio Zuluaga, Representante de la población víctima del despojo.

Según el líder sindical, la situación más crítica está en Puerto Libertador y Montelíbano de donde han salido desplazadas aproximadme de 20 familias, de las poblaciones de Juan José, La Rica y Río Verde, por la amenazas de una banda criminal.

Sin ayudas

Las familias desplazadas que llegan a Montería en busca de ayudas, no las están recibiendo, denunció el representante de victimas Óscar Emilio Zuluaga quien manifestó que en la Unidad de Atención al Desplazado en Montería, no les han recibido la declaración ni les han suministrado las ayudas de emergencia.

Nos han dicho que no reciben la declaración porque no hay formularios y deben movilizarse a otro municipio, están perdiendo las tierras y hemos denunciado con nombres propios a los despojadores pero la Fiscalía no actúa”, expresó.

A su turno, el campesino Álvaro Gabriel Choperena López, expresó que se necesita tener valor civil para denunciar las amenazas de las que viene siendo víctima.

Dijo que solo le queda encomendarse diariamente al Santo Patrono de San José de Uré, porque está convencido de que los esquemas de seguridad del Gobierno son “para los políticos corruptos, pero no para los ganaderos y campesinos sufridos de la zona”.



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