El presidente Gustavo Petro rechazó el uso de la fumigación como método para combatir los cultivos ilícitos en Colombia. Las declaraciones fueron realizadas durante el evento “Acordando y haciendo: Avances del Proceso de Paz Territorial en Nariño”, donde se firmó un acuerdo con el grupo Comuneros del Sur.
“Fumigando no es, quemando sus ranchos, no es llevándolos a las cárceles, el 25% de las cárceles de Colombia está llena de campesinos y jovencitos”, afirmó Petro durante su discurso, señalando que estas tácticas no construyen nación, sino que profundizan el conflicto.
El jefe de Estado reconoció que este tema fue tratado con la secretaria de seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, en una visita reciente a Colombia, y se da en medio de las preocupaciones de muchos sectores del país por una posible descertificación de los Estados Unidos a Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
El mandatario propuso un enfoque diferente basado en la sustitución voluntaria de cultivos y el apoyo al campesinado. “Estamos aprendiendo a que el campesinado de Colombia levante la bandera de Colombia, es decir, estamos construyendo una nación”, expresó.
Como alternativa, el Gobierno Nacional impulsa un programa de sustitución que ya cuenta con 42.000 hectáreas inscritas para reemplazar coca por alimentos. El presidente destacó que esta cifra supera la meta de 30.000 hectáreas esperada por la Embajada de Estados Unidos.
Durante su intervención, Petro anunció también un plan para destinar 40.000 hectáreas en el departamento del Meta para que campesinos que actualmente están en prisión por cultivar coca puedan reintegrarse a actividades agrícolas lícitas.
“Ese campesinado preso lo vamos a llevar allí, si es que la justicia nos ayuda. Que vuelvan a sembrar y a tener tierra y siembren maíz y yuca y no la hoja de coca”, explicó el presidente.
Petro criticó las políticas anteriores que, según él, criminalizaron al campesinado en lugar de ofrecerles alternativas viables. “Queremos una Colombia que haya campesinos que puedan alimentar al mundo, no que estén en las cárceles”, añadió.
El enfoque propuesto por el Gobierno incluye no solo la sustitución de cultivos, sino también la implementación de infraestructura, salud y educación en los territorios afectados por cultivos ilícitos.
Contexto
El gobierno colombiano había suspendido las aspersiones aéreas con glifosato en 2015 tras una decisión de la Corte Constitucional que prohibió esta práctica debido a preocupaciones sobre sus efectos en la salud y el medio ambiente.
La Corte Constitucional estableció requisitos estrictos para reanudar esta práctica, incluyendo pruebas científicas de que no causa daño a la salud humana y al medio ambiente.
Durante los años siguientes, hubo varios intentos de reactivar el programa de aspersión aérea, pero enfrentaron obstáculos legales y oposición de comunidades y organizaciones ambientales.
