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Juez revocó libertad de hermanas Bechara y ordenó recluirlas en centro carcelario

Las hermanas Mara y María Fátima Bechara, investigadas por supuestas irregularidades en convenios de regalías, habían recobrado su libertad el 10 de julio del 2017.


Montería. Un juez de Soacha, Cundinamarca, resolvió la apelación hecha por la Fiscalía a la medida de libertad incondicional impuesta a las hermanas Mara y María Fátima Bechara, investigadas por presuntas irregularidades en cuestionados convenios financiados con recursos de regalías y firmados entre la Universidad del Sinú y la Gobernación de Córdoba en la administración de Alejandro Lyons.

Así las cosas, el juez ordenó que las presuntas implicadas fuesen conducidas de forma inmediata a un centro de reclusión.

El pasado 26 de mayo un juez impuso dicha medida privativa de la libertad contra las altas directivas y copropietarias de la Universidad del Sinú, tras los alegatos hechos por la Fiscalía y las advertencias de la Contraloría sobre los convenios cuestionados.

En esa oportunidad las hermanas Bechara fueron enviadas a la Cárcel El Buen Pastor de la ciudad de Bogotá y un mes después, trasladadas al pabellón de mujeres de Las Mercedes en Montería, donde fueron notificadas sobre la resolución a su favor de un recurso de hábeas corpus.

El caso

Según la Fiscalía la investigación adelantada obedece a presuntas irregularidades en dos convenios suscritos en diciembre del 2013 por la Gobernación de Córdoba, y financiados por el Sistema General de Regalías.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó en su momento los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros, concierto para delinquir y concusión, a las detenidas.

El primer convenio investigado fue el No. 750, cuyo objeto fue denominado “Caña flecha: El Desarrollo e investigación aplicada al modelo experimental sostenible e innovador de la cadena productiva de artesanías derivadas de la caña flecha del Departamento de Córdoba”. El anterior fue celebrado entre la Gobernación de Córdoba, la Universidad del Sinú y la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia “George Dahl”.

El costo total de dicho convenio fue de dos mil novecientos noventa y seis millones, ochocientos treinta y un mil ciento sesenta y dos pesos ($2.996.831.162), y la suma girada fue de dos mil setecientos cincuenta y un millones catorce mil doscientos veinte pesos ($2.751.014.220).

De acuerdo con un informe de fiscalización expedido por Contraloría General de la República, el avance financiero de este convenio a diciembre de 2016 fue del 95%, mientras que el avance físico fue del 30.5%.

El segundo convenio presuntamente irregular fue el No. 755 de 2013, denominado “Agroforestal”, cuyo objeto era la “investigación y desarrollo aplicado de un modelo experimental para el manejo productivo y sostenible de los sistemas agroforestales en el Departamento de Córdoba”. Su costo fue de siete mil seiscientos cincuenta y nueve millones ochocientos sesenta mil doscientos noventa y un pesos ($7.659.860.291).

Este convenio fue celebrado entre la Gobernación de Córdoba y la Universidad del Sinú, que otorgó poder a la Fundación para la Conservación y Desarrollo Forestal (CDF), a la cual le fueron girados seis mil ochocientos veinticuatro millones ciento noventa y nueve mil sesenta y ocho pesos ($6.824.199.068). Según el informe de fiscalización de la Contraloría General de la República, el avance financiero del proyecto a diciembre de 2016 fue del 91% y el avance físico del 42.5%.

En total, por los dos convenios se pagaron nueve mil quinientos setenta y cinco millones doscientos trece mil doscientos ochenta y ocho pesos ($9.575.213.288).



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