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Juez envió a prisión a abogada investigada por el ‘carrusel de la educación’

Montería. En desarrollo de la audiencia realizada en la tarde y noche de este viernes, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento intramural contra Katherine Cogollo Reina, abogada investigada por su presunta participación en el millonario desfalco al Fondo de Prestaciones Sociales...


Montería. En desarrollo de la audiencia realizada en la tarde y noche de este viernes, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento intramural contra Katherine Cogollo Reina, abogada investigada por su presunta participación en el millonario desfalco al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

La abogada, había sido capturada junto a otras 11 personas, el 3 de octubre del año pasado en las redadas adelantadas por la Dijín de la Policía en varios municipios.

Aunque horas después de haber sido capturada, quedó en libertad, por vicios en el procedimiento de allanamiento y captura, la abogada quedó vinculada al proceso por el millonario desfalco, conocido como el carrusel de la educación.

La defensa de Cogollo Reina puede apelar esta decisión, pero mientras hay pronunciamiento en segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Córdoba, deberá estar privada de la libertad en la cárcel Las Mercedes, por la presunta comisión de los delitos de cohecho, prevaricato por acción, y peculado por apropiación.

Los Hechos

De acuerdo con la investigación que adelanta la Fiscalía, en el Juzgado Civil del Circuito de Lorica, se tramitaron irregularmente varios procesos ejecutivos laborales, para lo cual los abogados demandantes allegaban dichas demandas con poderes falsos, así como resoluciones supuestamente expedidas por la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba, reconociendo ajustes pensionales a docentes, con falsas resoluciones de la Secretaría de Educación Municipal.

Informes de grafología evidenciaron la falsedad de estos documentos e igualmente de las constancias expedidas por el secretario de Gestión Administrativa de la  Gobernación de Córdoba en las que indicaban que esas resoluciones estaban debidamente notificadas y ejecutoriadas.

De esta manera varios abogados constituían el título ejecutivo y presuntamente, con la colaboración de funcionarios del juzgado, la juez de ese despacho ordenó el mandamiento de pago contra la Fiduciaria la Previsora y contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y dispuso embargarles los dineros que estaban en cuentas bancarios; decidiendo finalmente la entrega de más de $80 mil millones de pesos a los abogados.

Por estos hechos ya han sido puestos tras las rejas 11 personas, entre ellos abogados y funcionarios del juzgado. Todos fueron judicializados por los delitos de falsedad en documento privado, falsedad en documento público, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, peculado por apropiación y concierto para delinquir.



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