La Policía Nacional decomisó 70 armas de fuego ilegales en diversos operativos realizados en el departamento de Córdoba durante los primeros meses de 2025. Estas incautaciones representan un golpe directo a la criminalidad, según el informe presentado por el coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana, ante la Asamblea Departamental.
“Son 70 armas que hemos quitado de la calle y que seguramente con ellas iban a quitar la vida de una persona o le iban a quitar los bienes o propiedad de algún ciudadano”, explicó el coronel Ruiz durante su intervención.
El operativo se enmarca en las acciones focalizadas que realiza la Policía en coordinación con la Fiscalía, alcaldías y gobernación para reducir los índices de criminalidad en Córdoba. Los datos revelan resultados positivos en varios frentes: disminución del 69% en homicidios, 21% menos de hurtos a personas y 51% de reducción en hurtos a comercios.
Las autoridades concentraron sus esfuerzos en zonas críticas del departamento, con especial énfasis en Montería, Montelíbano, San Bernardo, Lorica y San Pelayo, municipios que presentan mayores índices de criminalidad.
Además de las armas de fuego, la Policía reportó la incautación de 1,471 armas blancas en espacios públicos durante el mismo periodo, lo que demuestra la magnitud del problema de porte ilegal de armamento en la región.
“Portar un arma blanca, igual que portar un arma de fuego, siempre está latente para poder generar una agresión, una lesión, una muerte”, advirtió el comandante policial.
Como complemento a estas acciones operativas, la Policía Metropolitana ha desplegado 1,998 campañas de prevención que han impactado a más de 31,000 personas en todo el departamento.
El decomiso de armas se suma a otros resultados destacados por la Policía, como la captura de 14 homicidas, 19 extorsionistas y 1,110 personas por diversos delitos. De estas capturas, 985 fueron en flagrancia y 125 por orden judicial.
Las autoridades mantienen el llamado a la ciudadanía para que denuncie la presencia de armas ilegales en sus comunidades, pues su circulación incrementa significativamente el riesgo de violencia y delitos contra la vida en el departamento de Córdoba.
