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Imputan cargos a dos directivos de Unicjao; pero no les imponen medida de aseguramiento

En marzo del 2016 el entonces vicefiscal general de la Nación, Jorge Perdomo, anunció la citación a audiencia de formulación e imputación de cargos contra cuatro directivos de la cuestionada Universidad.  Montería. A Elías Villalba, rector de la Universidad Indígena Unicjao y a su secretaria...


En marzo del 2016 el entonces vicefiscal general de la Nación, Jorge Perdomo, anunció la citación a audiencia de formulación e imputación de cargos contra cuatro directivos de la cuestionada Universidad.

 Montería. A Elías Villalba, rector de la Universidad Indígena Unicjao y a su secretaria Carmen García Guzmán, le imputaron cargos por estafa masiva y fraude a resolución judicial sucesiva, por no acatar la orden de cierre definitiva de esta institución, ordenada por el Ministerio de Educación Nacional.

En la audiencia celebrada este viernes en Montería, a los dos imputados se les dictó una medida restrictiva que les impide acercarse a la mencionada sede universitaria, ubicada en la calle 22 con carrera 3 de Montería.

De igual forma quedó prohibida su participación en los asuntos de tipo administrativo o financiero del cuestionado claustro universitario que según el Ministerio de Educación funcionaba de forma ilegal, sin tener registros calificados.

El juez del caso no impuso medida de aseguramiento contra los dos imputados, quienes podrán seguir ejerciendo su derecho a la defensa, en libertad.

Unicjao fue sancionada a finales de 2015 por el Ministerio de Educación con una multa de 193 millones de pesos por ofrecer el servicio público de educación superior, sin autorización legal y en septiembre del 2016 se ordenó su cierre definitivo.

Pese a la orden impartida, directivos y autoridades indígenas, quitaron los sellos impuestos y siguieron funcionando, desconociendo la resolución oficial que los conminaba a cesar labores académicas y de matrículas.

A octubre del año 2016 las multas de carácter sucesivo impuestas a Unicjao por no acatar la orden de cierre, sumaban más de mil millones de pesos, señaló Willliam Ochoa Carreño, subdirector de Inspección y Vigilancia de la Ministerio de Educación.



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