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Grupos posdesmovilizados son la principal fuente para el reclutamiento ilícito de menores

Bogotá. Las llamadas “bandas criminales” aparecen como responsables en 65 situaciones advertidas por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría. . El fenómeno se ha extendido a 130 municipios de 26 departamentos, según el más reciente reporte de la Entidad. El Sistema de Alertas...


Bogotá. Las llamadas “bandas criminales” aparecen como responsables en 65 situaciones advertidas por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría. . El fenómeno se ha extendido a 130 municipios de 26 departamentos, según el más reciente reporte de la Entidad.

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, luego de 45 informes de riesgo y 29 notas de seguimiento realizados durante 2013 y 2014, sitúa el fenómeno en 130 municipios de 26 departamentos.

Es así como las Autodefensas Gaitanistas, los Rastrojos y sus estructuras aliadas como La Empresa, al igual que los grupos que tienen presencia en los Llanos Orientales como los autodenominados Bloque Meta y Bloque Libertadores del Vichada, aparecen en 65 situaciones advertidas por la Defensoría.

Las guerrillas de las Farc y el ELN figuran como responsables del reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes en 51 y 22 situaciones de riesgo, respectivamente, coincidiendo en regiones como Chocó, Nariño, Norte de Santander y Arauca.

La Defensoría del Pueblo a través del Sistema de Alertas Tempranas y la Delegada para los Derechos de la Niñez y la Juventud, ha identificado al menos cuatro modalidades predominantes de vinculación forzada a las organizaciones ilegales.

Entre ellas, el empleo de la fuerza y la violencia, amenazas directas a la víctima y a su familia, engaño mediante falsas promesas de trabajo, obsequios e invitaciones, y finalmente, introducción al consumo de sustancias estupefacientes, mediante el acercamiento de otros menores ya vinculados a los grupos armados ilegales.

Sin embargo, más recientemente y a través de un estudio en terreno, la Defensoría logró evidenciar una nueva práctica, conocida como el “secuestro expreses de jovencitas”, mediante el cual niñas y adolescentes son raptadas bajo intimidaciones a sus familiares, a fin de ser instrumentalizadas con fines de explotación sexual, siendo devueltas a sus hogares después de cada situación de abuso a las que son sometidas, para no despertar sospechas y ampararse en el temor que infunden a sus víctimas y allegados.

Estos hechos han sido observados en Buenaventura y Risaralda, como lo señaló el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, durante la reciente convocatoria nacional de autoridades para afrontar la violencia contra niños, niñas y adolescentes.



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