Montería. El Gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, confirmó que se suspendieron de forma preventiva cuatro millonarios convenios firmados en la pasada administración y que suman aproximadamente 100 mil millones de pesos, recursos provenientes del Sistema General de Regalías.
“Se están suspendiendo para revisar extractos de cuentas, para ver si la ejecución es acorde a los giros, en los próximos días informaremos cuáles son, todos presentan algún tipo de atraso y queremos diagnosticar cada convenio para determinar si se siguen ejecutando o se liquidan”, dijo Besaile Fayad.
Este medio ha conocido que uno de los contratos suspendidos es el cuestionado Convenio Especial de Cooperación 735 de 2013, suscrito entre la pasada administración y la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia «George Dahl», cuando el fallecido Jairo Zapa Pérez, dirigía la oficina de regalías departamental.
Dicho convenio, tiene como objeto adelantar una investigación en recursos hidrobiológicos del caribe colombiano, y se le asignó una partida presupuestal superior a los 15 mil millones de pesos, para ejecutarse en los 48 meses siguientes a la firma del contrato, realizada el 09 de diciembre de 2013.
De acuerdo con la Gobernación, el convenio se suspende, por “presuntos incumplimientos reiterados del cooperante”, en la ejecución del mismo.
Adicionalmente, la Gobernación, en una misiva enviada al contratista; solicita un “extracto actualizado de los recursos con los que cuenta el cooperante, con la finalidad de hacer una validación de los mismos”.
Recordemos que un informe de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ente auditor del convenio, reveló que a marzo del año 2014, es decir casi tres meses después de haberse firmado, dicho contrato llevaba 0% de ejecución.
Finalmente, la administración Besaile, otorgó el término de cinco días hábiles al cooperante, para que se pronuncie e instaure sus derechos de contradicción y defensa.
“La Gobernación de Córdoba, hará uso de todas las facultades legales y contractuales, para solucionar los problemas de ejecución contractual, incluyendo la suspensión unilateral, para garantizar la prevalencia del interés general y de los principios de la función pública”, señala el comunicado.