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Fiscalía pide investigar a exgobernadores Marta Sáenz y Alejandro Lyons, por caso coliseo

La Fiscalía investiga posibles anomalías y sobrecostos tanto en la celebración como en la ejecución de los convenios para remodelar el 'Happy' Lora.


Montería. La Fiscalía General de la Nación confirmó que efectuará compulsas de copias a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, para que investigue la posible participación de los entonces gobernadores Martha del Socorro Sáenz Correa y Alejandro José Lyons Muskus en las presuntas irregularidades en la rehabilitación del Coliseo Miguel Happy Lora.

El ente acusador confirmó además que por este caso se entregaron en la capital del país el exalcalde Carlos Eduardo Correa y el actual alcalde Marcos Daniel Pineda García.

Reveló la Fiscalía que también comparecen ante la justicia: Pascual Guerrero Arana, Director Ejecutivo del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, Samuel Eduardo Mora y Gilmar Alberto González Mora, funcionarios de la firma de interventoría.

“La Fiscalía investiga posibles anomalías y sobrecostos tanto en la celebración como en la ejecución de los convenios interadministrativos del 30 de diciembre de 2011, celebrado entre la Gobernación de Córdoba y el municipio de Montería, y del 25 de junio de 2012, suscrito entre el municipio de Montería y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, cuyo propósito era la rehabilitación del Coliseo Miguel Happy Lora en la capital cordobesa, por un valor de doce mil quinientos millones de pesos ($12.500.000.000)”, indicó la Fiscalía.

Con estos convenios se buscaba habilitar el Coliseo para los Juegos Nacionales del año 2012, por lo que la obra debía culminar en noviembre de dicho año, lo que no ocurrió.

Los trabajos fueron entregados en abril de este año, según la Fiscalía, con variaciones sustanciales en las obras concluidas frente a las inicialmente contratadas.

Por estos hechos la Fiscalía imputará los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público.



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