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Fiscalía concede Principio de Oportunidad a Lyons y asegura que no habrá inmunidad total

Al ex-gobernador se le investiga por concierto para delinquir, seis casos de interés indebido en la celebración de contratos, seis delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, cinco peculados por apropiación en documento público y falsedad en documento privado.


El Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez anunció que existe un acuerdo con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons para recibir un principio de oportunidad, pero con la condición de confesar los delitos cometidos en su administración y reparar económicamente a las víctimas.

Así mismo se indicó que se garantizará que no haya impunidad y que la inmunidad no será total, afirmó el ente acusador.

“Sería muy conveniente un principio de oportunidad sobre la base de acceder a información de la cual carece la justicia colombiana en beneficio de la integridad ética de los servidores públicos, particularmente de ese departamento, pero por supuesto con la condición de que no habrá impunidad y la inmunidad no será total”, dijo el Fiscal.

Lyons se ha convertido en testigo clave de la Fiscalía, y uno de sus primeras confesiones tiene en el centro de la polémica al ex director anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien se encuentra privado de su libertad y a punto de ser extraditado a Estados Unidos, por presuntamente haber recibido 10.000 dólares de soborno para favorecer a Lyons, en el proceso en su contra.

Añadió el fiscal que Lyons deberá también reparar el daño causado, pues “el acuerdo tiene que hacerse sobre la base de que se indemnicen los daños causados en Córdoba, es justicia de colaboración, pero con reconocimiento de las conductas y por supuesto sin lugar a una impunidad absoluta. El país no lo permitirá, y menos el fiscal general de la Nación”.

Los delitos por los que se investiga al exgobernador son concierto para delinquir, seis casos de interés indebido en la celebración de contratos, seis delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, cinco peculados por apropiación en documento público y falsedad en documento privado.

La investigación se relaciona con la posible malversación de recursos que superan los diez mil millones de pesos y que habrían sido canalizados indebidamente a través de convenios celebrados con entidades sin ánimo de lucro durante su administración en el período 2012-2015.

 

 



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