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Fiscal reveló detalles de entramado de corrupción electoral en el país

Concejales, diputados y representantes electos, hacen parte de la red de corrupción al sufragante.


Redacción. En las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación en materia de compra de votos en las pasadas elecciones parlamentarias, se encontraron distintas modalidades de corrupción electoral, llegándose al extremo de subordinar bajo promesas y pagos en favor de varias candidaturas al Congreso.

La primera indagación tiene que ver con la operación Casablanca, “una verdadera empresa criminal” de compra de votos que inicialmente favoreció a la candidata Aída Merlano y otras candidaturas.

La Fiscalía tiene en su poder más de 2.112 horas de vídeo y de audio de esta investigación.

“Nos ha permitido establecer qué se trataba en realidad de una organización delictiva que operaba como una empresa criminal al servicio de distintas campañas políticas”, dijo Martínez Neira.

Las evidencias muestran que dicha organización operó cuando menos desde el año 2015 para las elecciones regionales de esa época y fue a fondo en el año 2018 en los comicios al Congreso de la República.

“La organización funcionaba al servicio de candidaturas apoyada por dirigentes políticos regionales que contactaban a líderes encargados de reclutar electores de sus mercados cautivos como barriadas, recibían dinero a cambio de su voto como si se tratara de una mercancía”, detalló el Fiscal.

Para la elección al congreso 2018 esta organización criminal funcionaba al servicio de otras campañas electorales y no solamente de la senadora Aida Merlano, las pruebas muestran que ‘Casablanca’, patrocinó la candidatura de Lillibeth Llinás, número 107 en el tarjetón de su propio partido para la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico.

A parte de Aída Merlano, Lilibeth Llinás y dirigentes políticos regionales, se investiga la posible participación de Jorge Rangel, diputado del departamento del Atlántico, Margarita Balen, diputada del Atlántico; Juan Carlos Zamora, concejal del distrito de Barranquilla, Aissar Castro Bravo, concejal del distrito de Barranquilla y Aissar Castro Reyes, ex concejal y padre del concejal Castro Bravo y el ex concejal Vicente Tamara.

Según lo evidenciado por la Fiscalía, la organización contaba con 2.323 líderes barriales y locales a su servicio, que actuaron como mercaderes de grupos de electores.

La red contaba con dos fuentes de financiación: una pública y una privada, lo que pone en evidencia que este fenómeno de corrupción electoral constituye un problema sistémico, enfatizó el Fiscal.

Las personas que operaban esta empresa criminal al propio tiempo tenían contratos con el Concejo de la ciudad de Barranquilla, dijo el jefe del ente investigador.

En la fuente privada de financiación, identificaron cientos de cheque provenientes de varios particulares.

Los cheques fueron cobrados por personas pertenecientes a la organización criminal, uno de ellos Edwin Rafael Martínez Salas, quien ya está capturado y quien solo en febrero de este año, cobró 21 cheques que superaron los mil millones de pesos.

El jefe del ente investigador reveló por su presunta relación con el caso fueron citados a interrogatorio los empresarios Julio y Mauricio Gerlein.

En una segunda fase la Fiscalía revelará el resto de hallazgos, señaló Martínez Neira.

Rueda de prensa completa.



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