Exalcalde de San Pelayo desvió $5.711 millones de pesos de la salud a IPS fachada: Contraloría

411      La Contraloría dio traslado de los resultados de esta investigación a la Fiscalía General de la Nación. Montería. El Contralor Departamental, Emilio Otero Dajud, dio a conocer los resultados del proceso de responsabilidad fiscal contra el exalcalde de San Pelayo Oswaldo Negrete Causil, quien dirigió los destinos del municipio en el periodo 2008- 2011. Según el ente de control, el exmandatario municipal fue hallado culpable del detrimento patrimonial por 5.711 millones de pesos de la salud, desviando los recursos a una...

La Contraloría dio traslado de los resultados de esta investigación a la Fiscalía General de la Nación.

Montería. El Contralor Departamental, Emilio Otero Dajud, dio a conocer los resultados del proceso de responsabilidad fiscal contra el exalcalde de San Pelayo Oswaldo Negrete Causil, quien dirigió los destinos del municipio en el periodo 2008- 2011.

Según el ente de control, el exmandatario municipal fue hallado culpable del detrimento patrimonial por 5.711 millones de pesos de la salud, desviando los recursos a una IPS fachada con la cual firmaban convenios sin el lleno de requisitos legales.

“Se hicieron  transferencias electrónicas de recursos del régimen subsidiado a la IPS Unisalud, sin que existiese relación contractual entre el municipio de San Pelayo y esta. Se identificó que no estaba habilitada para prestar los servicios de salud y no tenían personal afiliado, no existía en la dirección registrada en la Cámara de Comercio, es decidir una empresa fachada, ficticia, estaba solamente en el papel”, indicó el contralor departamental.

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El fallo del 24 de febrero de este año también extiende la responsabilidad fiscal y disciplinaria al exsecretario de salud de la época  Óscar Augusto Hernández Álvarez, y los tesoreros, Giovanni de Jesús Martínez Díaz, José Luis Andrade Ortiz y Marco Tulio Orozco Portillo.

La denuncia y resultados cinco años después

Pedro Pablo Garcés, Secretario General de la Alcaldía en la administración de José Jaime Pareja Alemán, fue quien denunció las irregularidades que dieron inicio al largo proceso de cinco años y que hoy ratifica el desangre a las arcas de la salud en ese municipio.

Con base en dicha denuncia se procedió a una auditoría exprés en la cual  la Contraloría Departamental  identificó varios hallazgos fiscales y la inexistencia de  archivos de la vigencia 2008, 2009,  2010, y 2011,  que soportarán la supuesta relación contractual entre la alcaldía de San Pelayo y cuestionada IPS Unisalud.

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Según la Contraloría, se realizaron transacciones por un total de 4.800 millones de pesos a favor de la cuestionada IPS sin que existiese soporte alguno de los mismos.

Unisalud no existía se hablaba de esa IPS, pero era fachada  y a través de ellos hicieron millonarios desembolsos. El exalcalde Oswaldo Negrete,  suscribió contratos falsos de cesión de créditos supuestamente concertados con las EPS SaludVida, Comparta y Emdisalud, con el fin de lograr el giro directo de los recursos del régimen subsidiado a favor de Unisalud”, afirmó el Contralor Emilo Otero Dajud.

El ente de control pudo constatar que las EPS SaludVida, Comparta y Emdisalud, allegaron documentos negando haber concertado las cesiones de créditos y jamás haber suscrito contratos con Unisalud.

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Los recursos van a ser recuperados, advierte el Contralor. 

Contralor Departamental, Emilo Otero Dajud.
Contralor Departamental, Emilo Otero Dajud.

Según Otero Dajud, el exalcalde y los exfuncionarios que incurrieron en dichas irregularidades, serán reportados ante Contraloría General y no podrán ejercer ningún tipo de funciones, hasta devolver  todo el dinero a la administración municipal.

Ahora habrá un proceso de repetición o de jurisdicción coactiva, donde se podrá entonces ir tras los bienes de esas personas, detalló Otero Dajud.

“Si no cancelan no podrán ejercer jamás como funcionarios públicos, normalmente estos funcionarios se declaran en insolvencia, pero les queda el problema penales y disciplinario, si no pagan van a tener que ir presos porque esto es un delito”, sentenció el contralor de Córdoba.

Finalmente sostuvo que los disciplinados pueden recurrir ante la jurisdicción Contenciosa Administrativa para apelar el fallo de la Contraloría.