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‘Ex jueza recibió $300 millones por ordenar pagos irregulares’: Fiscalía

El ente acusador le sumaría el delito de cohecho propio en calidad de autora y a título de dolo.


Montería. Nuevas revelaciones entregó la Fiscalía en desarrollo de la audiencia de imputación de cargos contra la ex jueza del circuito de Lorica, Isabel Loreley Montes Oyola, señalada de emitir resoluciones judiciales, reconociendo irregularmente millonarias pensiones de jubilación a docentes, en detrimento financiero del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en Córdoba.

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La fiscal del caso dijo que a sabiendas del proceder ilícito de dichos trámites, la entonces jueza civil del circuito de Lorica, decretó el embargo y retención de dineros que la Fiduciaria La Previsora, el Ministerio de Educación y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, tenían en diferentes entidades bancarias.

La Fiscalía hizo énfasis en que dichas cuentas tenían la calidad de inembargables, pero la jueza no acató dichas excepciones, ni accedió a las nulidades planteadas por la parte demandada y siguió decretando embargos y retención de gruesas sumas de dinero.

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Para el ente acusador, la ex funcionaria judicial actuaba motivada por el ofrecimiento de $300 millones de pesos, que finalmente le fueron entregados por el abogado Álvaro Burgos del Toro, hoy detenido y considerado el cerebro de este desfalco.

“El 23 de agosto de 2010, el Juzgado Civil del Circuito de Lorica, Córdoba a cargo de Isabel Loreley Montes Oyola, desconociendo el contenido de los artículos 115 y 284 del Código de procedimiento civil y del decreto 2831 de 2005 y motivada por 300 millones de pesos que le entregó Burgos del Toro, como éste lo dijo en sus interrogatorios, libro mandamiento de pago por 3.987 millones de pesos y decretó el embargo y retención de los dineros que la Fiduciaria La Previsora tuviera depositados en las cuentas de ahorro y corriente”, expresó la fiscal.

Ex jueza al ingreso en la sala de audiencias.

De acuerdo con la Fiscalía en el trámite de las resoluciones judiciales irregulares hubo una elaborada red, en la que estarían involucrados abogados y ex funcionarios de la Secretaría de Educación del Lorica para los años 2007, 2008 y 2009.

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Llamó la atención de los investigadores que los formatos utilizados para ordenar los ajustes y reconocer pensiones vitalicias de jubilación a 25 docentes, fueron alterados o no correspondían a los utilizados por La Fiduprevisora.

Con argucias jurídicas y el aval de la ex jueza Isabel Loreley Montes Oyola, se condenó a la Nación representada en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, al pago de casi $4.000 millones de pesos.

Para la Fiscalía no hay duda que la entonces jueza y los abogados vinculados en este entramado conocían las irregularidades que cometían, pero actuaban motivados por los ofrecimientos de dinero hechos por Burgos Del Toro, lo cual tipifica la comisión del delito de cohecho propio en calidad de autor a título doloso.

Las penas para el delito reseñado oscilan según la Fiscalía entre 5 a 8 años de prisión.

Se está a la espera de conocer finalmente qué delitos imputan a Montes Oyola, toda vez que su entrega a las autoridades estaría relacionada con un preacuerdo en búsqueda de rebaja de penas, a cambio de aportar información valiosa sobre el resto de involucrados en el carrusel de la educación’.

 



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