Ex jueza de Puerto Libertador, quiere reconocer que se ‘robó’ unos títulos valores, pero no devolver el dinero

Por: Gustavo Santiago Soto Se trata de la misma ex servidora judicial, que tumbó ilegalmente la liquidación de Emdisalud, dejó libres a jefes de Bacrim mediante habeas corpus, y un peligroso reo de la Picota en Bogotá con falsa tutela. La polémica exjuez del municipio de Puerto Libertador, María Andrea Navarro González, señalada de la pérdida y cobro ilegal de títulos valores por 72 millones de pesos, quiere rebaja de penas por aceptar su responsabilidad penal, pero su petición fue negada. Ante un juez de control de garantías de Montería, el abogado de la exjuez, pretende que al reconocer el
10 años atrás

Por: Gustavo Santiago Soto

Se trata de la misma ex servidora judicial, que tumbó ilegalmente la liquidación de Emdisalud, dejó libres a jefes de Bacrim mediante habeas corpus, y un peligroso reo de la Picota en Bogotá con falsa tutela.

La polémica exjuez del municipio de Puerto Libertador, María Andrea Navarro González, señalada de la pérdida y cobro ilegal de títulos valores por 72 millones de pesos, quiere rebaja de penas por aceptar su responsabilidad penal, pero su petición fue negada.

Ante un juez de control de garantías de Montería, el abogado de la exjuez, pretende que al reconocer el delito no pague los 72 millones de pesos que cobró ilegalmente y se le rebaje la pena en un 50%.

Para el juez de control de garantías que atendió la solicitud, ella tuvo la oportunidad de aceptar su responsabilidad y no se allanó a los cargos, el pasado 27 de junio, además la fiscalía ya presentó el escrito de acusación.

La única salida que le quedaría a la exjuez, María Andrea Navarro González, es buscar un preacuerdo con la Fiscalía, pero solo podría recibir por la aceptación de la comisión del delito, rebaja de un tercio de la pena, y debe ofrecer una garantía real de pagar los 72 millones de pesos que cobró ilegalmente de títulos valores.

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La ex operadora judicial, está cobijada con medida de aseguramiento con beneficio domiciliario, y fue destituida e inhabilitada para ejercer cargos públicos por 10 años, sanción que le impuso el Consejo Seccional de la Judicatura.

La Historia

Según la denuncia interpuesta por los abogados afectados, la juez ordenó el embargo de unas cuentas del Camu Divino Niño de Puerto Libertador y posteriormente ordenó el desembargo. Luego embargó y cobraron los títulos valores.

Una mujer, que aparece cobrando, asegura que fue engañada por la juez, quien le pediría el favor de realizar la transacción argumentando que se le había perdido la cédula.

La mujer que cobró los títulos valores en el banco agrario del municipio de Puerto Libertador, es una empleada que prestaba sus servicios de aseo en el juzgado. Ya declaró y se ratificó que la exjuez, María Andrea Navarro González, la llevó al banco, le dijo que se la había quedado la cédula y que le hiciera el favor de cobrar los títulos valores.

Las actuaciones polémicas de la exjuez

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En la Fiscalía y el Consejo Seccional de la Judicatura reposan montones de expedientes contra la ex servidora judicial, María Andrea Navarro González.

Uno de ellos, fue denunciado por el mismo gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, cuando la entonces juez dejó libre, a través de un habeas corpus, a un peligroso miembro de las bandas criminales.

El 23 de agosto, estando ya suspendida por tres meses, ordenó la libertad condicional de un preso recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.

A través del fallo de una tutela, al parecer falsificada, Navarro ordenó a la dirección del Inpec conceder “la sustitución de la prisión intramural por la prisión domiciliaria al señor Edwin Leonardo Rodríguez León”.

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La supuesta irregularidad fue descubierta por la actual juez de ese despacho, Marcela Kerguelén García, quien asegura que la tutela, mediante la cual se ordenó la libertad del recluso, corresponde a un fallo de una demanda interpuesta por una ciudadana en contra de Colpensiones.

La ex juez Promiscuo de Puerto Libertador, María Andrea Navarro González, fue la que ‘resucitó’ a Emdisalud, puesto que al fallar una acción de tutela interpuesta por las directivas de esa EPS, tumbó todo el proceso de intervención y liquidación que adelantaba la Superintendencia Nacional de Salud.

La misma juez fue la que en su momento puso en vilo el concurso para escoger gerente del Camu de Puerto Libertador, ya que a través de una acción de tutela reconoció como ganador a uno de los participantes que no había obtenido el puntaje mínimo para estar en la terna, pese a que fue quien más puntos obtuvo.