Montería. Isabel Loreley Montes Oyola, ex jueza civil del Circuito de Lorica, señalada haber tramitado y fallado irregularmente varias resoluciones judiciales que reconocieron millonarios ajustes pensionales, en detrimento del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, se allanó a cargos en audiencia realizada en la tarde de este martes 22 de mayo en Montería.
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La Fiscalía le imputó los delitos de cohecho propio, prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros, agravado por la cuantía de la suma defraudada al Magisterio de Córdoba.
Con la decisión, la presunta responsable de estas conductas podría recibir una rebaja de hasta la mitad de la pena que le imponga un juez de conocimiento.
No obstante, el juez de control de garantías advirtió que para proceder con el descuento punitivo, deberá en el escrito de acusación hacerse claridad respecto a la consecuencia jurídica de la devolución de los bienes y dineros sobre los cuáles presuntamente hubo apropiación.
En el trámite de la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía hizo énfasis en las conductas irregulares cometidas por la ex jueza Isabel Loreley Montes Oyola, procediendo con el embargo de cuentas que tenían la calidad de inembargables, pero no acató dichas excepciones, ni accedió a las nulidades planteadas por la parte demandada y siguió decretando embargos y retención de gruesas sumas de dinero.
Con argucias jurídicas y el aval de la ex jueza, se condenó a la Nación representada en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, al pago de casi $4.000 millones de pesos por el reconocimiento de 25 pensiones de jubilación a igual numero de docentes.
Para la Fiscalía no hay duda que la entonces jueza y los abogados vinculados en este entramado conocían las irregularidades que cometían, pero actuaban motivados por los ofrecimientos de dinero hechos por Burgos Del Toro, abogado detenido por el desfalco y señalado de ser el cerebro de dicho entramado ilegal.