Montería. Las comunidades de Montelíbano, San José de Uré y Puerto Libertador han cumplido con el levantamiento de más de 878 hectáreas de hoja de coca. Solo en el caso de Montelíbano, por ejemplo, se levantó el 94% y en Puerto Libertador se retiró el 98% de la hoja de coca sembrada, indicó Eduardo Díaz Uribe, director de la Agencia de Sustitución de Cultivos de uso ilícito.
Según el funcionario, el Gobierno Nacional ha entregado a la fecha un total de $7.448 millones de pesos a 2.284 familias, como segundo pago de la asistencia alimentaria inmediata definida en el Plan de Atención Integral.
“En total, para los tres municipios se ha entregado Complementario a esto, se inicia la convocatoria para la postulación de organizaciones que desarrollarán la Asistencia Técnica Integral, encargada de la implementación de proyectos productivos a corto, mediano y largo plazo así como la seguridad alimentaria, por valor de $20.8 millones de pesos por familia cultivadora y no cultivadora inscrita en el PNIS”, detalló.Eduardo Díaz Uribe, Agencia Sustitución
Igualmente, Diaz Uribe mencionó que en la jurisdicción del municipio de Tierralta, donde se estima que hay entre 2.700 hectáreas sembradas con hoja de coca, se ha avanzado en el proceso de socialización y de pre inscripción de las familias campesinas que expresaron voluntariamente su deseo de vincularse al programa.
“En el municipio de Tierralta se busca establecer acuerdos individuales con cerca de 3.800 familias, incluyendo cultivadores, no cultivadores y recolectores. Aunque existe compromiso por parte de los campesinos, organizaciones sociales y entidades territoriales y nacionales, el avance no es igual a los municipios del alto San Jorge debido la ubicación de las familias en zonas ambientalmente protegidas como Parques Naturales, Ley Segunda de 1959 o reserva Forestal del Pacífico, así como en el resguardo Indígena Emberá Katíos”, explicó.
Bajo este panorama se busca una intervención adecuada a las condiciones particulares de Tierralta. El Director del PNIS indicó además “que se avanza en la búsqueda de soluciones a las dificultades surgidas en lo que puede identificarse como un cuello de botella por la zona de reserva forestal del parque natural, los resguardos indígenas y las zonas de cultivo en la represa de Urrá, una entidad público-privada”.
Finalmente, Diaz Uribe advirtió que es preocupante la situación de violencia contra los líderes comunales de estos municipios; “algunos de ellos han sido amenazados y asesinados generando esto desplazamientos masivos y temor en las comunidades”.
