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En Córdoba no hay garantías para implementación del acuerdo final: ONG

De los siete homicidios contra líderes comunitarios en Córdoba, tres han ocurrido en este 2018, denuncian organizaciones campesinas.


Montería. El asesinato en enero de este 2018 de tres líderes en el departamento de Córdoba, demuestra la inexistencia de garantías para la implementación del acuerdo de paz y serias fallas en el cumplimiento de objetivos claves como el desmonte de grupos neo paramilitares, la erradicación de cultivos de uso ilícitos y garantías para hacer política, denunció este jueves la Fundación Social Cordoberxia, ONG del Componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación, para Córdoba.

Andrés Chica Durango, defensor de Derechos Humanos y director de la ONG, aseguró que solo en enero de 2018 se contabiliza el asesinato de tres líderes que desde diferentes facetas impulsaban la implementación de los acuerdos.

En una lista que surge de un cruce de informes de la Defensoría del Pueblo y la plataforma ‘Somos Defensores’ de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, se reseñan los homicidios de Plinio Pulgarín, presidente de la JAC de la vereda San Pedrito, acribillado el pasado 18 de enero.

De igual forma, figura el crimen del ex alcalde de Puerto Libertador, Mario Carrascal Náder, líder político del sur de Córdoba, asesinado en zona rural de San Carlos, el 26 de enero del año en curso y a ese crimen se suma el de Antonio Vargas Madrid, tesorero de la JAC de la vereda La Ilusión, asesinado en la tarde del miércoles 31 de enero.

Según la ONG, la implementación del acuerdo final no solo se mide por erradicación de coca, sino por las garantías que el Estado ofrece a los líderes políticos, comunitarios, sociales para el ejercicio de sus labores en el territorio.

Aseguran que hablar de sustitución de cultivos cuando no hay desmonte de estructuras paramilitares es todo un desafío, al tiempo que instan a los organismos del Estado a prestar atención a las Alertas Tempranas de inminencia de riesgo, emitidas por la Defensoría del Pueblo.



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