El suplicio de los líderes y lideresas de víctimas en Córdoba

Mientras el Gobierno Nacional anunciaba reducción en los gastos de viáticos, combustible y escoltas al personal que protege la UNP; a Constanza Rocha, líder de víctimas y defensora de derechos humanos en Córdoba, la amenazaban de Muerte. “Nosotros sabemos que los malos nunca duermen y el Gobierno debe entender que no nos está protegiendo a nosotros, sino a los intereses de la gente que representamos”, sostuvo la activista social, a quien no le importaron las amenazas y se unió al platón que protagonizaron decenas de líderes de víctimas, en las afueras de la Defensoría del Pueblo en Montería. La noticia
10 años atrás

Mientras el Gobierno Nacional anunciaba reducción en los gastos de viáticos, combustible y escoltas al personal que protege la UNP; a Constanza Rocha, líder de víctimas y defensora de derechos humanos en Córdoba, la amenazaban de Muerte.

“Nosotros sabemos que los malos nunca duermen y el Gobierno debe entender que no nos está protegiendo a nosotros, sino a los intereses de la gente que representamos”, sostuvo la activista social, a quien no le importaron las amenazas y se unió al platón que protagonizaron decenas de líderes de víctimas, en las afueras de la Defensoría del Pueblo en Montería.

La noticia que hoy tiene en vilo a los líderes de víctimas en todo el país, fue dada a conocer el pasado jueves por el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien explicó que por el déficit de 70 mil millones de pesos que tiene la Unidad de Protección, el Gobierno reducirá el gasto en viáticos, tiquetes aéreos, gasolina y escoltas.

Puedes leer:  Encuentro entre transportadores y gobernación fija peticiones para la ANI y Mintransporte ante el alza de peajes

“Nosotros no somos los culpables del desfalco en la Unidad de Protección”, con esta sentida frase, Rosa Amelia Hernández, reconocida lideresa de víctimas en Córdoba, exterioriza el miedo y la impotencia que les embarga, luego del anuncio del Gobierno Nacional de empezar a retirar esquemas de seguridad, por los descalabros financieros de la UNP.

Aunque el gobierno Santos, prometió que no afectaría los esquemas de líderes de víctimas, y que el desmonte aplicaría solo para altos y antiguos funcionarios, empezando por el mismo gabinete presidencial, los ajustes hechos en cuanto a recorte de viáticos, combustible y vehículos blindados, aumentaron el nivel de riesgo de algunos líderes.

Rosa Amelia Hernández, denunció que a varios de sus compañeros, ya les retiraron los vehículos y a otros no les están girando el subsidio de transportes: “A Nuris Vidal, se le llevaron un escolta y el carro. No tenemos los teléfonos para llamadas de emergencia. No llegan los subsidio de transportes Estamos pagando las consecuencias de la inoperancia de la Unidad Nacional de Protección”, indicó.

Puedes leer:  Se levantó el paro de transportadores en Córdoba, este jueves habrá reunión clave con la ANI

La situación puesta en perspectiva resulta preocupante para los líderes, un departamento en el que los violentos han segado la vida de tres reclamantes que impulsaban procesos de reparación y restitución de tierras.

Valencia es el municipio que ha sido más golpeado por el accionar delictivo en contra de los líderes de víctimas, allí asesinaron a Ermes Vidal, miembro de la mesa municipal de víctimas, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado flotando en el río Sinú, el 25 de marzo del año pasado.

A escasos 15 días del asesinato de Vidal, en Valencia fue acribillado, Ever Cordero, líder al que paradójicamente asesinan el 9 de abril, cuando se disponía a participar en una marcha por la las víctimas, organizada un día antes de la visita del presidente Santos a la mítica hacienda Santa Paula, ícono del despojo en Córdoba, a entregar los primeros títulos de propiedad a las familias restituidas.

Puedes leer:  Empresa de transporte desacató llamado de Alcaldía y mantienen alza de pasajes

Pero el sino trágico contra las víctimas no acabó allí, el 20 de noviembre Córdoba se estremeció con el asesinato de, Gildardo Padilla, un reclamante de tierras que fue ultimado en zona rural de Valencia, y al que los violentos le habían arrebatado a 11 familiares desde las década de los 90, incluyendo a sus padres y tres hermanos.

Esa huella de sangre aún no se ha borrado de la memoria de muchos líderes, que lo único que tienen claro es que en Córdoba, los violentos cumplen sus amenazas.