Un preocupante panorama reveló el informe presentado por la Defensoría del Pueblo sobre la situación de los sistemas de alcantarillado en Córdoba: el 73% de los municipios del departamento realizan vertimientos de aguas residuales sin contar con el permiso requerido por las autoridades ambientales.
Esta situación implica que la mayoría de las descargas se están llevando a cabo de manera no autorizada, lo que genera riesgos para el medio ambiente y la salud de las comunidades.
El documento señala que municipios como Montelíbano, Tuchín, Cereté, San Carlos, Canalete, La Apartada, Puerto Escondido y San José de Ure no realizan un tratamiento adecuado de sus aguas residuales domésticas antes de verterlas a diferentes cuerpos de agua como ríos, quebradas, caños y arroyos.
Además, el informe destaca que el municipio de Puerto Escondido tenía contemplado en su Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el corto plazo, pero hasta la fecha no se evidencian avances en este proyecto, lo que ha llevado a que las aguas residuales sean vertidas directamente al mar sin ningún tipo de tratamiento previo.
La ausencia del permiso de vertimiento en un alto porcentaje de los municipios de Córdoba sugiere que no se están realizando las valoraciones ambientales necesarias, ni se han definido planes de gestión del riesgo o condiciones de calidad del agua en los cuerpos receptores.
La Defensoría advierte que los vertimientos sin permiso pueden contener contaminantes perjudiciales para los ecosistemas acuáticos y la salud humana, especialmente cuando no hay un seguimiento adecuado por parte de las autoridades ambientales.
Para abordar esta problemática, la Defensoría recomienda a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) implementar medidas para regular y supervisar de manera efectiva las descargas de aguas residuales en los municipios del departamento.
Asimismo, hace un llamado a las empresas prestadoras del servicio de alcantarillado para que cumplan con los requisitos normativos y gestionen adecuadamente los vertimientos, con el fin de proteger la calidad del agua, la salud pública y el medio ambiente en Córdoba.
