Montería. A medida que el hampa y su accionar han mutado, con ello se han cambiado los escenarios de las extinciones de dominio, mecanismo con el cual el Estado castiga a las personas naturales y jurídicas que adquieren bienes muebles e inmuebles a través de actividades delictivas, como el narcotráfico.
De hecho, el 30% de los bienes que se les ha estado aplicando esta figura son por hechos asociados a los procesos de corrupción administrativa, cifra que no deja de ser insignificante y que deja en evidencia que los ladrones también son de ‘cuello blanco’.
El director de la regional norte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que administra los bienes que son materia de expropiación, Juan Pablo Valbuena Anaya, dijo que ello se debe a la mutación que ha tenido el accionar delincuencial en las últimas tres décadas.
“En un principio, cuando la SAE se llamaba Dirección Nacional de Estupefacientes, los actos de extinción de dominio recaían sobre personas y sociedades que estaba relacionadas directamente con el narcotráfico. Luego, en la medida en que ha ido mutando la delincuencia en Colombia pasó por actores como las Bacrim y actores irregulares, por mencionar algunos, pero hoy día casi que el mayor porcentaje como tal de los procesos de extinción de dominio, que está casi por el orden del 30%, recae sobre corrupción administrativa”, dijo Valbuena Anaya.
También recordó en ese sentido que por ser el narcotráfico el delito que más impacto tuvo sobre el país en décadas pasadas, la mayor parte de los bienes que administra la SAE se encuentran en los departamentos del Valle de Cauca y Antioquia, donde delinquieron los carteles de Cali y Medellín, respectivamente.
“De igual forma tenemos un portafolio importante de inmuebles en la región Caribe, toda vez que estos grupos irregulares prefieren la ciudades de la costa norte colombiana y si hablamos puntualmente de Montería, esta es preferida por su ubicación y lo fértil de sus tierras”, concluyó Valbuena Anaya.