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El drama de los segundos ocupantes de tierras, solicitadas en restitución

Montería. Los segundos ocupantes o poseedores de buena fe, son propietarios de tierras que aseguran haberlas adquirido de forma legal, no bajo presiones ni amenazas, como hicieron los grupos armados. Estas personas que hoy libran una gran batalla jurídica contra el Estado, pues sus terrenos...


Montería. Los segundos ocupantes o poseedores de buena fe, son propietarios de tierras que aseguran haberlas adquirido de forma legal, no bajo presiones ni amenazas, como hicieron los grupos armados.

Estas personas que hoy libran una gran batalla jurídica contra el Estado, pues sus terrenos les fueron quitados tras fallos de jueces, que ordenan restituirlos a los antiguos dueños, que a pesar de haber vendido voluntariamente habrían iniciado procesos como si fuesen víctimas.

De acuerdo con el director de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, en Córdoba solo tienen documentados tres o cuatro casos de este tipo; se trata de personas que ocupaban las tierras, mucho antes de la expedición de los acuerdos de segundo ocupantes, por lo cual están a la espera que un tribunal se pronuncie.

Uno de los casos más visibles y que refleja el drama social de este embrollo jurídico, es el de la familia Aya Montaña, quienes hace 13 años adquirieron 80 hectáreas en una parcelación de la mítica Hacienda Mundo Nuevo Ubicada en el corregimiento de Nueva Lucía de Montería.

El pasado 19 de mayo, los Aya Montaña fueron desalojados por agentes de la Policía de Montería dando cumplimiento al fallo, las escenas del procedimiento son verdaderamente desgarradoras y han sido ampliamente difundidas por varios medios de comunicación.

(Video cortesía Canal Nortevisión)

Jeomar Pretelt Ramos, es taxista, oriundo de Chimichagua Cesar, pero desde hace 58 años vive en Montería, ciudad a la que llegó desplazado por la violencia que azotaba a los Montes de María.

Pretelt Ramos, aclara que no es familiar del magistrado Pretelt y que no es un hombre adinerado, dice haber vendido unas pocas vacas y con sus ahorros, compró 10 hectáreas en el predio Santa Paula, tierras que está a punto de perder por un fallo de restitución.

“Me están despojando de mis tierras que compré con recursos familiares, yo dependo de mi trabajo, tengo escrituras, promesas de venta, testimonios que el vendedor me firmó, pero de nada han valido para demostrar que compré de buena fe”, dijo.

Estas familias están a la espera del pronunciamiento de un Tribunal de Tierras, que determinará si dichos fallos son objeto de revisión, compensación económica o en el peor escenario ratificados.



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