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Defensoría pide atención a comunidades desplazadas en Tierralta

Defensoría del Pueblo, pide a autoridades restablecer los derechos a 560 personas que se vieron obligadas a abandonar sus territorios por culpa del conflicto.


Por medio de un comunicado La Defensoría hace un llamado a las autoridades competentes a encender las alarmas, ante el desplazamiento masivo 190 familias pertenecientes a comunidades indígenas y campesinos de la zona.

De acuerdo al órgano institucional, la causa del desplazamiento forzoso, se da debido a las “sucesivas amenazas a comunidades indígenas y campesinas, situaciones de confinamiento y desplazamiento forzado por el control de todo el corredor limítrofe con la región del Urabá, donde se ha conocido de la fuerte presencia de hombres armados en los poblados y el control de las vías fluviales en la represa de Urra”.

En el comunicado oficial la Defensoría, explica que el pasado 19 de noviembre, en el marco de la Operación Agamenón se dio un fuerte enfrentamiento entre la Fuerza Pública y hombres armados, pertenecientes a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Tras la situación, habitantes de las comunidades indígenas Junkaradó, Wido y Kachichi (Tierralta, Córdoba) “se desplazaron hacia la cabecera de la comunidad de Karakaradó, donde buscaron refugio ante el tránsito de hombres armados y la probable ocurrencia de nuevos enfrentamientos”.

Frente a la situación la Defensoría del Pueblo sostuvo una reunión con funcionarios de la Alcaldía Municipal para informar de la situación, solicitar la activación de la Ruta de Atención establecida en el marco del Decreto Ley 4633 de 2011.

Durante la reunión, se acordó llevar a cabo una misión interinstitucional de verificación, el levantamiento de censos de la población y activar todas las rutas necesarias, para la atención del desplazamiento forzado (Alimentación, Albergue, Atención en Salud).

En este sentido se acordó con la institucionalidad local llevar a cabo una jornada de verificación el día viernes 24 de Noviembre para levantar el censo de la población y activar el Plan de Contingencia, así mismo se acordó que una vez se realice la verificación se procederá a convocar a un CJT para garantizar la participación de otras entidades”, sostiene el comunicado.

Ante la grave situación y en consecuencia de los enfrentamientos la Defensoría pidió a la Unidad de Víctimas, a la Gobernación del Córdoba, en coordinación con la Alcaldía y a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y la Alta Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, articular de manera conjunta para la protección y el restablecimiento de derechos a las 560 personas que se vieron obligadas a abandonar sus territorios.



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