La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 011 de 2024 debido a la expansión territorial de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) en los municipios de Chinú, Sahagún, Ciénaga de Oro, San Carlos, Chimá, Tuchín y San Andrés de Sotavento, Córdoba.
Según el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, la expansión y control poblacional y territorial del Frente Javier Yepes Cantero de las AGC, que avanza desde Montería, Cereté y Planeta Rica hacia las subregiones del Medio Sinú y Sabanas, tiene como objetivo establecer “zonas seguras” y obtener rentas criminales en nuevos corredores de movilidad que conecten este territorio con el Bajo Cauca antioqueño, y La Mojana con el golfo de Morrosquillo.
Además, se ha generado una disputa asimétrica entre el Frente Javier Yepes Cantero y el Frente Manuel José Gaitán de las AGC, en alianza con grupos ilegales que ofertan seguridad, contra grupos de delincuencia común organizada con presencia histórica en la zona. Esta situación ha aumentado los riesgos para las comunidades, colectivos socialmente estigmatizados, líderes comunales y de víctimas, así como presuntos colaboradores de los bandos rivales.
La expansión territorial de las AGC también ha derivado en restricciones a la movilidad, agresiones a misiones médicas y otras violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH). El contexto de amenaza se materializa con homicidios selectivos y de configuración múltiple, presentados como crímenes para imponer un orden represivo, la expansión del mercado local de sustancias psicoactivas y de la economía ilegal del narcotráfico, el aumento en la extorsión, inhibición de la denuncia y temor a represalias.
Los siete municipios alertados, junto con sus áreas rurales, conforman el núcleo indígena más importante del pueblo Zenú en Córdoba. Sus habitantes mantienen lazos ancestrales de carácter étnico, cultural, económico y familiar con los habitantes de otros municipios de la región, donde también se han identificado situaciones de riesgo para la población.
La Defensoría del Pueblo ha formulado 17 recomendaciones dirigidas al Gobierno Nacional y a las autoridades locales, con el fin de atender las demandas de la población y adoptar medidas urgentes de prevención y protección para los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad.
