Contraloría ordenó archivo del proceso por el caso del coliseo Miguel ‘Happy’ Lora

La medida favorece al ex alcalde de Montería, Carlos Eduardo Correa, al contratista, supervisor de la obra y entidad ejecutora.


Montería. El despacho del contralor general de la República, Felipe Córdoba, ordenó el archivo del proceso de responsabilidad fiscal contra el ex alcalde de Montería, Carlos Eduardo Correa, el ex secretario de Planeación, Joaquín Esquivia, Fondo Mixto y el supervisor de la obra,  al no encontrar detrimento patrimonial alguno en la ejecución del contrato para la remodelación del coliseo Miguel ‘Happy’ Lora.

“Se tiene la certeza y la firmeza que la Contraloría ha determinado luego de surtir un proceso, que no se perdió un solo peso en el contrato del Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora”, señaló Luis Torreglosa Diazgranados, abogado que representó al ex alcalde de Montería, Carlos Eduardo Correa en el caso.

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El proceso de responsabilidad fiscal se abrió en 2014, cuando una auditoría regular del ente de control, determinó que en ese momento el avance financiero del contrato era mayor al avance de obras y evidenció presuntas fallas constructivas.

Luis Torreglosa Diazgranados, abogado.

“Se demostró que las obras están totalmente terminadas, comportan funcionabilidad y no existe ningún tipo de deficiencia constructiva y se evidenció que el avance de obra corresponde con el avance financiero”, agregó el abogado Luis Torreglosa.

La Contraloría hizo varias pruebas de orden testimonial y documental pero principalmente fue el dictamen pericial el que evaluó cada uno de los ítems para desvirtuar el supuesto detrimento patrimonial, explicó el jurisconsulto.

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Aclaró que en el contrato del coliseo Miguel ‘Happy’ Lora no hubo adición presupuestal; “el valor inicial osciló alrededor de los 12.500 millones de pesos y ese fue el valor final del contrato, no hubo adición”, reiteró Torreglosa Diazgranados.

La Contraloría cuestionaba los tiempos de construcción de la estructura, sin embargo, la defensa del ex alcalde Correa, sostuvo que las previsiones de orden legal dictaminaban que cualquier ajuste o cambio al proyecto debía contar con la autorización de Coldeportes, Ministerio de Cultura y Planeación Nacional, siendo la demora de estas entidades la causa de dichos retrasos.



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