Montería. El ente de control informó sobre el inicio del proceso de responsabilidad fiscal por $1.345 millones, contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, el exsecretario de salud, Edwin Preciado Lorduy, (hoy detenido por el escándalo de la hemofilia) y la representante legal de la IPS Funtierra, Tania Margareth Otero, por el pago de terapias médicas que según la Contraloría no se realizaron.
El propio Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, el jueves pasado, puso en conocimiento la decisión procesal adoptada, ante los despachos del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, y del Procurador, Fernando Carrillo Flórez, para que los organismos a su cargo continúen las investigaciones en el marco de sus competencias.
De igual forma Maya Villazón, solicitó a la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en Córdoba, adoptar de manera prioritaria las medidas pertinentes para el impulso de los procesos relacionados con este tema.
Presuntos responsables
El proceso de responsabilidad fiscal cobija también, como presuntos responsables, a Tania Margareth Otero Arroyo, en su calidad de representante legal de la IPS Funtierra Rehabilitación; al ex secretario de Salud de Córdoba, Edwin de Jesús Preciado Lorduy; y al Auditor Médico, Juan David Nader Chejne, estos dos últimos con detención por su presunta participación en el cartel de la hemofilia.
Los hechos presuntamente irregulares que dieron origen a los Procesos de Responsabilidad Fiscal se dieron entre mayo y septiembre de 2015, y fueron evidenciados en una auditoría que realizó la CGR sobre el manejo de recursos del Sistema General de Participaciones –SGP por parte de la Gobernación de Córdoba en la vigencia 2015.
Pagos sin los debidos soportes
De acuerdo con la Contraloría, los pagos a la IPS Funtierra alcanzaron la suma de $6.252 millones, y fueron autorizados por la Secretaria de Salud Departamental de Córdoba por tratamientos médicos que incluían distintas terapias: ocupacional, fonoaudiológica, de integración sensoriomotriz y miofuncional.
“Al revisar la documentación aportada por la IPS para tramitar estos pagos, la Contraloría no encontró estudios económicos o valores unitarios que justificaran las cantidades y precios pagados”, señala en ente de control.
Agrega el informe: “Tampoco se encontró soporte o documento en que conste que medió una relación contractual entre la IPS y la Gobernación, en los que se pudieran fundamentar los pagos realizados”.
La Contraloría dice además que “en las facturas mensuales presentadas por la IPS Funtierra Rehabilitación Limitada, por los servicios supuestamente prestados para los cobros de los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2015, se evidenció que en algunos casos no se habían completado los tratamientos recomendados por el médico neurólogo, y aun así la Gobernación efectuó los pagos en favor de la IPS como si se hubieran prestado la totalidad de los servicios facturados”.
