Los constructores de vivienda de Montería solicitaron modificar el sistema de asignación de subsidios de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba (Comfacor), proponiendo que la promesa de compraventa sea un requisito fundamental en el proceso.
La petición busca agilizar el uso de recursos destinados a vivienda social que actualmente permanecen sin ejecutar.
Según datos presentados por el sector constructor, Comfacor asigna aproximadamente 150 subsidios anuales en dos tandas, pero el sistema actual permite que las personas reciban el subsidio sin tener un proyecto de vivienda específica seleccionada, lo que genera retrasos en la utilización efectiva de los recursos.
“Los subsidios de caja de compensación se asignan sin promesa de compra. Las personas cuando tienen el subsidio no tienen la casa, sino que cuando tienen el subsidio es que salen a comprar la casa. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que los subsidios no se utilicen”, explicó Humberto Ramos Vergara, constructor con 17 años de experiencia en el sector.
El problema se agudiza en el contexto actual, donde la suspensión del programa Mi Casa Ya desde diciembre de 2024 ha generado mayor presión sobre las fuentes alternativas de financiación para vivienda social.
La propuesta incluye establecer un sistema similar al utilizado por otras cajas de compensación del país, que realizan asignaciones mensuales y requieren la promesa de compraventa, logrando mayor efectividad en la ejecución de los subsidios.
Las cifras revelan que hasta 2023, la caja de compensación acumulaba aproximadamente 300 casos pendientes de subsidios para vivienda nueva, situación que podría resolverse con un sistema más ágil de asignación.
Los constructores destacan que otras cajas de compensación del país que implementan este requisito logran una alta tasa de efectividad en la asignación y uso de los subsidios, beneficiando directamente a los compradores de vivienda.
La modificación propuesta busca garantizar que los recursos asignados se conviertan efectivamente en soluciones de vivienda, evitando que permanezcan en cuentas bancarias sin generar impacto real en el sector de la construcción y en las familias que necesitan acceder a vivienda propia.
