En el municipio de Bojayá, Chocó, 12 comunidades campesinas e indígenas, principalmente del pueblo Embera, se encuentran confinadas y víctimas de graves abusos por parte de estructuras al margen de la ley.
Según una misión de verificación realizada por la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal, la Alcaldía de Bojayá y la Diócesis de Quibdó, un total de 3347 personas, pertenecientes a 830 familias, se ven afectadas por esta situación.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, señaló que las comunidades enfrentan la instalación de minas antipersonal, reclutamiento de menores, amenazas a líderes sociales y profesores, torturas contra indígenas y acoso sexual contra mujeres.
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) ejercen un creciente control territorial y social en la zona, buscando imponer su hegemonía a lo largo del río Atrato.
La misión humanitaria también constató la presencia de retenes ilegales instalados por los grupos armados, donde las comunidades son extorsionadas y despojadas de sus pertenencias cuando intentan salir de sus territorios para reclamar ayudas humanitarias o recursos de indemnización. Las mujeres son especialmente vulnerables, siendo sometidas a requisas degradantes y temiendo por sus vidas si denuncian los abusos.
Además, los productores de plátano enfrentan restricciones impuestas por las AGC para sacar su producción del territorio, bajo acusaciones infundadas de destinar los recursos a otros grupos armados. Esta situación infringe el derecho internacional humanitario y afecta tanto a los pueblos indígenas como a los campesinos de Bojayá.
La Defensoría del Pueblo ha formulado una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran disponer de un equipo humano para realizar brigadas de salud integral, llevar a cabo jornadas psicosociales comunitarias, apoyar a la administración de Bojayá en la respuesta inmediata, continuar con el desminado y aumentar la presencia de la fuerza pública para alejar a las estructuras armadas de las comunidades confinadas.
