Cristian Petro Almanza y Juan Fernando Soto, acusados por el asesinato del ganadero Esteban Urueta y sus colaboradores Fredys Beleño y Gerardo Marzola, no aceptaron cargos durante la audiencia de imputación realizada este jueves 17 de octubre.
El fiscal detalló que los hechos ocurrieron el 10 de septiembre de 2024 en la vereda Carolina, zona rural de Chimá. Según la investigación, Beleño y Marzola fueron asesinados alrededor de las 13:00 horas, y Urueta aproximadamente a las 15:00 horas.
“Los acusados aprovecharon la vegetación espesa y la ubicación remota para cometer los crímenes sin ser detectados”, indicó el fiscal.
Los cargos imputados incluyen homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, y ocultamiento de material probatorio. La Fiscalía argumentó que los acusados actuaron con premeditación y aprovechando el estado de indefensión de las víctimas.
Nuevos detalles del triple crimen
Según la investigación, Beleño y Marzola fueron asesinados alrededor de la 1:00 de la tarde del 10 de septiembre. “El primero, Freddy Beleño, fue impactado en la cabeza y en el tórax con arma de fuego de defensa personal”, explicó el fiscal. Añadió que ambos fueron “golpeados mortalmente con elementos contundentes” y posteriormente “desnucados, calcinados e inhumados en la fosa común”.
Urueta habría sido ultimado aproximadamente a las 3:00 de la tarde. “Los victimarios asesinan a Urueta, justo después de cruzar un puentecito, y lo arrojan en la fosa que lo esperaba, se apoderan de ese iPhone por un valor de 7.000.000 de pesos que llevaba consigo, lo apagan para evitar ser rastreados”, detalló el fiscal.
La Fiscalía enfatizó el estado de indefensión de las víctimas: “Fueron llevados estratégicamente a un lugar donde los hoy indiciados tenían un gran aliado a su favor, es decir, la misma naturaleza”. El fiscal describió el escenario como una “zona de escaso tránsito de personas” con “vegetación espesa” que superaba los 2 metros de altura.
Los cuerpos fueron incinerados debajo de palo de higo y enterrados en una fosa común. “Esa fosa tenía una profundidad de 1 m por 2 m de largo y 85 cm de ancho”, precisó el fiscal, proporcionando las coordenadas exactas del hallazgo.
“Se infiere razonablemente que los hoy indiciados estaban en capacidad de comprender su ilicitud”, argumentó el fiscal, rechazando cualquier posibilidad de inimputabilidad.
