En Córdoba, denuncian “saboteo” de acuerdos, para erradicación de cultivos de coca

Se enfatizó que así como indica lo pactado, la Fuerza Pública no puede adelantar erradicación de ningún tipo, en aquellos territorios donde ya han sido establecidos Compromisos de Erradicación y Sustitución Voluntaria, por lo cual piden que se respete lo acordado.


En diálogo con NOTICIAS LA RAZÓN, Arnobis Zapata, vocero de las Coordinadoras Municipales de Cultivadores y Trabajadores de Hoja de Coca, del sur de Córdoba, denunció, lo que según ellos, es un “saboteo” por parte del Ejército Nacional, de los acuerdos colectivos de erradicación y sustitución que fueron firmados por dichas familias campesinas con el Gobierno Nacional, en el marco del Acuerdo de Paz.

Sustentan que pese a que ya existe este compromiso en el cual, se establece la ruta para que los campesinos realicen la erradicación y sustitución de las cerca de 2.600 hectáreas de coca que se encuentran sembradas en zona rural de Tierralta, recientemente, tropas del Ejército Nacional han llegado a dichos territorios a realizar “erradicación forzosa” de los cultivos, lo que los campesinos denuncian como violación y saboteo de los acuerdos.

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Se enfatizó que así como indica lo pactado, la Fuerza Pública no puede adelantar erradicación de ningún tipo, en aquellos territorios donde ya han sido establecidos Compromisos de Erradicación y Sustitución Voluntaria, por lo cual piden que se respete lo acordado.

Son en total 3.250 familias campesinas de Tierralta, las cuales suscribieron el Acuerdo Colectivo de Erradicación y Sustitución.

Detallan que en caso tal que el Ejército siga “irrumpiendo” en los terrenos , con la erradicación forzosa , se verán obligados a movilizarse a nivel departamental y nacional en exigencia de los compromisos firmados.

Según detallaron, el acuerdo establecido con el Gobierno Nacional determina los plazos y etapas del proceso, que les permitirá recibir incentivos inmediatos de hasta 2 millones de pesos, proyectos productivos a mediano y largo plazo de hasta 10 millones de pesos, a la par de trabajo social en el territorio, con el compromiso de lograr la sustitución total de los cultivos ilícitos.

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Confían en que puedan ser escuchados y que no se siga incumpliendo lo pactado.

 

 



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