La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) hizo este viernes una preocupante revelación: sus auditores en Córdoba fueron objeto de amenazas mientras investigaban posibles cobros irregulares de IPS al sistema de salud por accidentes de tránsito.
Félix León Martínez, director de la Adres, declaró: “Nuestros auditores en Córdoba fueron amenazados por estar vigilando y visitando las instituciones, de modo que presumimos que hay una actuación francamente ilegal de esas instituciones que incluso amenazan a nuestros auditores por hacer las visitas”.
Sin ahondar en nombres por la integridad de las investigaciones, el director de la Adres explicó que por este motivo no figuran IPS de Córdoba en el listado de instituciones a las que se les suspenden pagos por sospecha de fraude, toda vez que las validaciones se suspendieron ante las amenazas.
No obstante, la Adres anunció que retendrá más de 70.000 millones de pesos a 52 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de varias zonas del país, porque no se ha podido verificar la existencia de estas IPS y existen serios indicios de posibles fraudes con recobros al sistema de salud.
La Adres ha informado que continuará con las investigaciones a pesar de las intimidaciones.
¿Cómo se defrauda al sistema con el SOAT?
El sistema de salud y el SOAT en Colombia han enfrentado desafíos significativos debido a prácticas irregulares. Se han documentado casos en el país donde algunas clínicas, en colaboración con ciertos tramitadores, presentan reclamaciones por accidentes exagerados o incluso ficticios.
En ocasiones, se ha reportado la alteración de historias clínicas o en la facturación de procedimientos no realizados. Estos actos suelen involucrar una red de actores que incluye desde personas que fingen ser víctimas hasta funcionarios que facilitan el proceso.
Las autoridades han identificado patrones sospechosos, como un alto número de reclamaciones provenientes de las mismas clínicas o zonas geográficas específicas. También se han detectado casos de suplantación de identidad de víctimas reales de accidentes.
Estas prácticas han llevado a un aumento en los costos de las pólizas y han afectado la capacidad del sistema para atender a quienes realmente lo necesitan. Como respuesta, se han implementado medidas como auditorías más estrictas, colaboración entre entidades y campañas de concientización.
