Este 18 de diciembre continúa la audiencia de imputación de cargos contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, en los juzgados de Paloquemao, Bogotá.
La Fiscalía General de la Nación solicitó que se le imponga una medida de aseguramiento intramural, lo que implicaría su envío a prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.
Durante la audiencia anterior, la defensa de Ortiz, así como la propia exfuncionaria, pidieron a la juez que se le permita defenderse en libertad.
En esa misma diligencia, la Fiscalía presentó las acusaciones en su contra, señalando que habría actuado como intermediaria en un esquema de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según la Fiscalía, los sobrecostos en los contratos gestionados por la UNGRD fueron utilizados para pagar sobornos a congresistas, entre ellos el expresidente del Senado Iván Name, quien habría recibido tres mil millones de pesos en efectivo.
Dichos recursos, de acuerdo con la Fiscalía, habrían sido entregados por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD.
Sandra Ortiz no hizo declaraciones a la prensa al llegar a la audiencia, ingresando por los parqueaderos del edificio.
Si no se suspende la audiencia, hoy se decidirá si la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía será aceptada, lo que podría llevarla a prisión preventiva, o si se le permitirá enfrentar los cargos en libertad mientras avanza el proceso judicial.
El escándalo de la UNGRD involucra a varios funcionarios y congresistas que presuntamente participaron en un entramado de corrupción para beneficiar a determinados políticos, aprovechando los recursos destinados a la gestión del riesgo en el país.
