Montería. El sur de Córdoba, el Catatumbo, Bajo Cauca y nordeste antioqueño han tenido impactos negativos directos e indirectos en los esfuerzos de construcción de paz en medio de la pandemia.
Así lo revela una investigación sobre el impacto del COVID-19 en la seguridad y la implementación del acuerdo de paz, adelantada por la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
“En estas regiones la convergencia entre un alto nivel de vulnerabilidad y la persistencia de la confrontación armada, además de la debilidad institucional ha generado impactos que, si no se gestionan de forma adecuada comprometerían seriamente la construcción de paz”, indica el informe.
Comunidades indígenas las más vulnerables
Para el caso del sur de Córdoba, Montelíbano y Tierralta son los municipios más impactados por la pandemia, pero la situación ha sido especialmente crítica en el caso de algunos resguardos indígenas emberá, donde se han reportado 187 muertes a causa directa del COVID-19.
Durante el aislamiento preventivo hubo restricciones a la movilidad impuestas por el Gobierno nacional, pero también por el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los llamados Caparros y la disidencia del frente 18 de las antiguas Farc, grupos que aumentaron su actividad armada.
Las comunidades denuncian que los grupos armados ilegales asumieron un rol de ‘entes controladores del orden’, limitando la movilidad de las personas.
Combates se incrementaron
El despliegue de fuerza pública a algunos municipios del sur de Córdoba ha propiciado mayores enfrentamientos entre Ejército y grupos armados organizados.
Esta situación desencadenó una serie de impactos humanitarios en las comunidades, algunos por desplazamiento y otro factor de riesgo es el estigma.
Los pobladores establecen contacto directo con los millares y con los mismos actores al margen de la ley, esa comunicación suscita el recelo y estigmatización por parte de estos grupos, acusándolos de ser colaboradores de la fuerza pública y obligándolos al desarraigo.
Roles de liderazgo disminuidos
Ha disminuido la participación de las comunidades en los Planes de Acción para la Transformación Regional debido a restricciones impuestas por agentes legales e ilegales. Los roles de liderazgo están bajo el azote de los violentos.
Sustitución avanza a paso de tortuga
Entretanto, más de 5.500 familias firmantes el Programa Nacional Integral para la sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), siguen esperando la implementación de los proyectos productivos luego de haber cumplido con la erradicación de más de 2.900 hectáreas como parte de lo acordado, no se ha completado en su totalidad el componente de seguridad alimentaria en Montelíbano, San José de Uré y Puerto Libertador.