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Alcaldía demandó proyecto de presupuesto ante Tribunal Administrativo por ilegalidad

La administración municipal objetó el proyecto de presupuesto vigencia 2017, que aunque fue aprobado por el Concejo, se suprimieron todas las facultades al alcalde, para contratar. Montería. Mónica González, jefa de la oficina jurídica de la alcaldía de Montería, explicó que la decisión de objetar...


La administración municipal objetó el proyecto de presupuesto vigencia 2017, que aunque fue aprobado por el Concejo, se suprimieron todas las facultades al alcalde, para contratar.

Montería. Mónica González, jefa de la oficina jurídica de la alcaldía de Montería, explicó que la decisión de objetar el proyecto de presupuesto para la vigencia 2017 ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, se deriva por errores de carácter legal pues el Concejo suprimió facultades al alcalde para contratar y suscribir convenios administrativos, yendo en contra vía de sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

“Se ha considerado ilegal e inconstitucional, por eso lo estamos objetando ante el Tribunal el día de hoy dentro del término que establece la Ley que son cinco días a partir de la fecha en que no los presentan para sanción del alcalde”, indicó la titular de la dependencia jurídica.

Explicó además que el proyecto fue presentado el pasado 10 de octubre al Concejo de Montería, en conformidad con el plan de desarrollo municipal, el operativo anual y el plan fiscal de corto y mediano plazo.

“Fue presentado, aprobado en primer debate en la comisión, incluso la ponencia fue favorable para aprobación y el Concejo en plenaria modificó sustancialmente el proyecto en cuanto el tema de supresión de facultades al alcalde para contratar dejándolo prácticamente inane (vano, inútil)”, señaló la funcionaria.

El Tribunal Administrativo tendrá 20 días hábiles para responder a esta solicitud. “Si nos dan la razón, solicitamos que se tenga en cuenta el proyecto original presentado al Concejo en su momento para la vigencia 2017 y que sea ese el que rija”, dijo González.

A su turno Héctor Milanés, asesor externo de la oficina jurídica aclaró que las objeciones al proyecto de presupuesto fueron parciales y advirtió que el Concejo se extralimitó en sus facultades legales “al quitar de forma arbitraria las facultades al alcalde”.

“La ilegalidad radica en que el Concejo, suprime una parte del proyecto y modifica sustancialmente otras normas, suprime facultades para ordenación de gastos, contratación y trámites de selección para contratos y convenios de todo tipo, impidiendo la ejecución”, sentenció.



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